Un juez federal rechazó el jueves un acuerdo que habría permitido a Boeing declararse culpable de un cargo de conspiración criminal y pagar una multa por engañar a los reguladores estadounidenses sobre el avión 737 Max antes de que dos de estos aviones se estrellaran, provocando la muerte de 346 personas.

La decisión del juez federal de distrito, Reed O’Connor, en Texas, crea incertidumbre sobre el procesamiento penal del gigante aeroespacial en relación con el desarrollo de su avión más vendido. Boeing y el Departamento de Justicia podrían intentar negociar un nuevo acuerdo de declaración de culpabilidad.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia y Boeing no han hecho comentarios.

Paul Cassell, abogado de las familias de los pasajeros que murieron en los accidentes, calificó a la decisión como una victoria importante para los derechos de las víctimas de delitos.

“Los fiscales federales y los abogados defensores de alto poder ya no pueden hacer tratos por debajo de la mesa y simplemente esperar que los jueces los aprueben”, dijo Cassell. “El juez O’Connor reconoció que este era un acuerdo cómodo entre el gobierno y Boeing que no se centró en las preocupaciones principales: responsabilizar a Boeing por su delito mortal y garantizar que nada similar vuelva a suceder en el futuro”.

Muchos familiares de los pasajeros que murieron en los accidentes, ocurridos frente a la costa de Indonesia y en Etiopía con menos de cinco meses de diferencia, han luchado durante años por un juicio público, la persecución de antiguos funcionarios de la empresa y un castigo financiero más severo para Boeing.

El acuerdo rechazado por el juez habría permitido a Boeing declararse culpable de defraudar a los reguladores que aprobaron los requisitos de entrenamiento de pilotos para el 737 Max hace casi una década. Los fiscales no alegaron que el engaño de Boeing hubiera desempeñado alguna función en los accidentes.

El Departamento de Justicia acusó por primera vez a Boeing, en enero de 2021, de defraudar a los reguladores de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) que aprobaron los requisitos de entrenamiento de pilotos para el 737 Max.

El departamento anunció simultáneamente que retiraría el cargo después de tres años si la compañía no se metía en problemas y pagaba un acuerdo de 2,500 millones de dólares —principalmente, dinero que la compañía habría pagado de todos modos a los clientes de las aerolíneas debido a que la FAA prohibió los vuelos de la flota 737 Max por 20 meses.

Los familiares de las víctimas estaban indignados. El juez O’Connor dictaminó el año pasado que el Departamento de Justicia violó una ley de derechos de las víctimas al no informar a los familiares sobre las negociaciones con Boeing, pero dijo que no tenía poder para anular el acuerdo.

El acuerdo de procesamiento diferido de 2021 estaba a punto de expirar cuando un tapón de puerta se desprendió de un 737 Max a principios de este año durante un vuelo de Alaska Airlines sobre Oregon. El incidente renovó las preocupaciones sobre la calidad de fabricación en Boeing y puso a la compañía bajo un intenso escrutinio.

Tras determinar que Boeing había violado los términos del acuerdo de 2021, el Departamento de Justicia reactivó su procesamiento del cargo de conspiración. Esto llevó a nuevas negociaciones y al acuerdo de declaración de culpabilidad que el juez O’Connor rechazó.

En julio, Boeing acordó declararse culpable de un único delito grave de conspiración para cometer fraude por presuntamente engañar a la FAA sobre cuánto entrenamiento necesitarían los pilotos antes de volar el Max. Boeing había minimizado la importancia de un nuevo sistema de control de vuelo llamado MCAS.

Actuando según las divulgaciones incompletas de Boeing, la FAA aprobó un entrenamiento mínimo en computadora en lugar de un entrenamiento más intensivo en simuladores de vuelo. El entrenamiento en simulador habría aumentado el costo de operación del Max para las aerolíneas y pudo haber hecho que algunas compraran aviones del rival Airbus.

Debido a las acciones de Boeing, las aerolíneas y los pilotos ni siquiera sabían sobre el MCAS hasta que se vio involucrado en el primer accidente, en 2018, en el mar de Java. A pesar de conocer el MCAS, los pilotos de Ethiopian Airlines no pudieron controlar el sistema y evitar otro accidente en 2019 cerca de Addis Abeba.

Los fiscales le dijeron al juez que el cargo de conspiración era el más duro que podían probar contra Boeing. En un hecho crucial, el Departamento de Justicia dijo que, si el caso llegaba a juicio, no presentaría ninguna evidencia de que el engaño de Boeing causó los accidentes.

El acuerdo de declaración incluía una multa de hasta 487,2 millones de dólares, pero daría o habría dado a Boeing un crédito por 243.6 millones de dólares en multas que pagó como parte del acuerdo de 2021. Según el acuerdo, Boeing, con sede en Arlington, Virginia, también invertiría 455 millones de dólares en programas de cumplimiento y seguridad, y estaría en libertad condicional y supervisado por un monitor independiente durante tres años.

En una audiencia efectuada el 11 de octubre, el abogado de Boeing, Ben Hatch, defendió el acuerdo de declaración de culpabilidad, diciendo que Boeing “es un pilar de la economía nacional y de la defensa nacional” y necesitaba conocer su castigo antes de aceptar declararse culpable.

El argumento del abogado dejó atónitos a los familiares de las víctimas, que estaban en la sala del tribunal.

“Boeing es demasiado importante para la economía, son demasiado grandes para ir a la cárcel. Eso es lo que está diciendo”, dijo Michael Stumo, cuya hija, Samya, murió en el segundo accidente. “Les permite matar a personas sin consecuencias porque son demasiado grandes y porque a sus accionistas no les gustaría”.