La investigación sobre el tiroteo del pasado 25 de octubre en donde fueron asesinadas 18 personas, en la localidad estadounidense de Lewiston (Maine), concluyó este martes que la Policía y el Ejército desaprovecharon las oportunidades que hubo para haberlo evitado.

Robert Card, un militar en la reserva de 40 años, mató con un rifle de asalto ese día a dos mujeres y 16 hombres en un bar y una bolera.

La comisión independiente para investigar lo sucedido apuntó que tanto la policía local como el Ejército pudieron haber intervenido antes de que tuviera lugar la matanza, confiscarle las armas y hacer frente a su crisis mental.

Su investigación concluyó que, aunque Card pudo haber cometido de todas formas un tiroteo masivo, alguien hubiera podido quitarle el armamento antes de ese fatídico 25 de octubre; “se perdieron varias oportunidades que podrían haber cambiado el curso de los hechos”, según las conclusiones.

Fue el ataque con armas de fuego más mortífero de 2023 en Estados Unidos.

El agresor huyó y 49 horas después su cuerpo fue hallado en un camión de reciclaje con una aparente herida de bala autoinflingida, en una planta en la que había trabajado, en el municipio vecino de Lisbon.

La situación provocó que miles de habitantes de la zona se mantuvieran encerrados en sus domicilios durante esas horas, por miedo a que pudiera volver a atacar, hasta que se encontró el cadáver del agresor.

Los superiores de Card, según ese texto, eran conscientes de sus alucinaciones, su comportamiento cada vez más agresivo, su colección de armas y sus comentarios acerca de sus intenciones.

A pesar de ello “ignoraron” las recomendaciones del servicio de salud mental del Ejército para que fuera tratado y para asegurarse de que se le quitaran las armas.

Los investigadores admitieron que aunque la autoridad que se tiene sobre un reservista no es tan amplia como la que se puede ejercer sobre un miembro activo de las Fuerzas Armadas, se desaprovecharon las oportunidades disponibles para ejercer ese poder de prevención.

La comisión basó sus pesquisas en testimonios de familiares y sobrevivientes de los tiroteos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y personal de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, entre otros. Revisó además informes y registros de distintas agencias de las fuerzas del orden.

Sus miembros subrayaron que pese a que Card “es el único responsable de su propia conducta”, había pruebas suficientes para ponerlo bajo custodia e iniciar una petición para confiscarle las armas que tuviera bajo su control o posesión.

Este informe independiente se suma al emitido el pasado julio por el Ejército estadounidense, que también estableció que hubo fallos de comunicación, que si no se hubieran producido, pudieron haber servido para hacerse una mejor idea de la amenaza que representaba Card e intervenir.

“Creo que va a cometer un tiroteo masivo”, dijo su mejor amigo a sus superiores un mes antes de esos dos ataques consecutivos que también hirieron a 13 personas.

En ese momento se consideró que la situación no era tan urgente como parecía.