El gobierno de Donald Trump anunció el martes que apelará la decisión de una jueza federal de Maryland que bloqueó la orden ejecutiva del presidente, que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento para las personas cuyos padres no viven legalmente en el país.

Los abogados del gobierno indicaron en un breve documento que apelarán la decisión ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito. Es la segunda apelación de este tipo que el gobierno ha solicitado desde que la orden ejecutiva de Trump fue bloqueada en los tribunales.

La apelación del gobierno surge de la concesión de una orden de restricción preliminar por parte de la jueza federal de distrito Deborah Boardman la semana pasada en un caso presentado por grupos de derechos de inmigrantes y madres embarazadas en Maryland. Boardman dijo en ese momento que su tribunal no se convertiría en el primero en el país en respaldar la orden del presidente y señaló que la ciudadanía es un “derecho valioso” otorgado por la 14ta Enmienda de la Constitución.

La apelación del martes es el último ataque contra la orden para cancelar la ciudadanía por nacimiento del presidente, que ha provocado por lo menos nueve demandas en todo el país, incluidas algunas presentadas por 22 estados.

El lunes, un juez federal de Nueva Hampshire en una demanda similar afirmó desde el estrado que no estaba convencido por los argumentos del gobierno y emitió una orden de restricción preliminar similar.

Y la semana pasada, un juez federal de Seattle ordenó bloquear la orden del presidente, un fallo que el gobierno federal también apeló.

Las demandas en los tres casos giran en torno a la 14ta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que sostuvo que Scott, un hombre esclavizado, no era ciudadano a pesar de haber vivido en un estado donde la esclavitud estaba prohibida.

La enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción de los mismos, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.

El gobierno de Trump, que tiene el objetivo de reducir la inmigración ilegal, ha afirmado que los no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de los Estados Unidos y que sus hijos nacidos en el país no tienen derecho a la ciudadanía.

En 1898, en un caso conocido como Estados Unidos contra Wong Kim Ark, la Corte Suprema federal determinó que los únicos niños que no recibían automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en suelo estadounidense eran los hijos de diplomáticos, que tienen lealtad a otro gobierno; enemigos presentes en el país durante una ocupación hostil; aquellos nacidos en barcos extranjeros, y aquellos nacidos de miembros de tribus orginarias de Norteamérica.

Estados Unidos se encuentra entre aproximadamente 30 países donde existe la ciudadanía por nacimiento, conocida como el principio de ius soli, o “derecho de suelo”. La mayoría se encuentran en el continente americano, y Canadá y México están entre ellos.