El gobierno de Estados Unidos inició una revisión en torno a las organizaciones que proporcionan alojamiento temporal y otros tipos de ayuda a los migrantes, y sugirió que podrían haber violado una ley utilizada para procesar a los traficantes de personas.

El Departamento de Seguridad Nacional tiene “preocupaciones significativas” de que las subvenciones federales utilizadas para abordar el aumento de la migración durante el mandato del expresidente Joe Biden se hayan destinado a actividades ilegales, escribió Cameron Hamilton, administrador interino de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

En su carta, que estaba fechada el martes y fue obtenida por The Associated Press, Hamilton pide a los beneficiarios de las subvenciones del Programa de Refugio y Servicios de la FEMA que proporcionen nombres e información de contacto de los migrantes atendidos, así como “una lista detallada y descriptiva de los servicios específicos proporcionados” en un plazo de 30 días. En la carta se indica que la financiación se suspenderá durante la revisión.

Aunque no amenaza explícitamente con un procesamiento penal, plantea preocupaciones de que los beneficiarios puedan haber violado la Sección 1324 del Código Penal de Estados Unidos, un delito grave relacionado con el transporte ilegal de personas a través de la frontera o su traslado dentro de Estados Unidos. También indica que los directores ejecutivos deben firmar declaraciones juradas en las que afirmen no tener conocimiento ni sospechas de que algún miembro de sus organizaciones haya violado la ley contra el tráfico de personas.

Por otra parte, fiscales federales entregaron el miércoles citaciones a refugios para personas sin hogar en la ciudad de Nueva York que han sido utilizados para albergar migrantes, parcialmente con fondos de la FEMA.

En las citaciones enviadas al Hotel Roosevelt y al Hotel Stewart en el centro de Manhattan se solicitan los nombres, fechas de nacimiento y otros datos personales de los migrantes que se alojaban en los refugios, según dos personas familiarizadas con el asunto, quienes pidieron el anonimato porque no estaban autorizadas a hablar del proceso jurídico.

Se entregó una citación similar a un edificio que alguna vez albergó el Hotel Chandler, que fue convertido en refugio para personas sin hogar hace años, pero que no alberga principalmente migrantes. Funcionarios locales especularon que el documento podría haberse enviado por error. El edificio Candler, que tiene un nombre similar, es una torre de oficinas cerca de Times Square que actualmente sirve como refugio para migrantes.

Un portavoz de la fiscalía federal de Manhattan y del Departamento de Justicia en Washington se negó a comentar. Hasta el miércoles por la noche, la FEMA no había respondido a una solicitud de comentarios.

La demanda parece ser un nuevo ataque contra las organizaciones que proporcionan alimentos, alojamiento y ayuda para viajes a las personas que cruzan la frontera. Los migrantes a menudo llegan exhaustos, con poco dinero y sin saber cómo transitar por su cuenta a través de estaciones de autobuses y aeropuertos.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que se enfrentó al gobierno de Biden en relación con las políticas de inmigración y está estrechamente alineado con la Casa Blanca de Trump, tomó un enfoque similar contra los grupos de ayuda a migrantes, pero fue bloqueado en los tribunales. Su gobierno pagó para transportar en autobús a miles de migrantes de Texas a la ciudad de Nueva York, que está obligada por ley a proporcionar refugio a cualquier persona que lo necesite.

La ciudad de Nueva York arrendó el vacío Hotel Roosevelt, que cerró tras la pandemia de COVID-19, para que sirviera como el principal centro de arribo para los recién llegados. El mes pasado, la FEMA recuperó abruptamente más de 80 millones de dólares en subvenciones que habían sido otorgadas a la ciudad de Nueva York durante el gobierno de Biden después de que Elon Musk cuestionó la legalidad de los pagos. La ciudad recurrió a los tribunales para buscar la devolución del dinero.

En tanto, el alcalde neoyorquino, Eric Adams, dijo el jueves que su gobierno no ha sido informado sobre la investigación.

“No nos dicen nada. No tenemos la autoridad para entrar en sus revisiones sobre inmigración”, comentó en un evento no relacionado.

Sin embargo, el demócrata defendió al personal que trabaja en los albergues para migrantes.

“Los trabajadores nunca deberían quedar atrapados en esta política”, dijo Adams. “Por ellos siento una profunda simpatía”.

Adams anunció el mes pasado que el refugio en el Hotel Roosevelt dejaría de funcionar en junio. La ciudad alberga actualmente a más de 42.700 migrantes en 180 sitios, una disminución con respecto a los casi 70.000 que había en enero pasado. Los portavoces del gobierno de Adams se negaron a comentar sobre las citaciones el jueves, y alegaron que la investigación está en curso.

En el año fiscal 2024, el Programa de Refugio y Servicios de la FEMA otorgó 641 millones de dólares a docenas de gobiernos estatales y locales y organizaciones de todo el país para ayudarles a lidiar con las grandes cantidades de migrantes que cruzaron la frontera desde México. Entre ellas están las ciudades de Nueva York, Filadelfia, Chicago y Denver, así como United Way de Miami, el Banco de Alimentos de San Antonio y varias filiales de Catholic Charities.

El gobierno de Adams confirmó el jueves que había recibido la carta de la FEMA y que la estaba revisando.

El gobierno de Trump ha criticado ferozmente a los estados, condados y ciudades que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. El mes pasado, demandó a Chicago por leyes que, según dijo, obstaculizaban la aplicación de la ley federal.