Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este jueves movilizar todos los recursos que dispone su Gobierno para proteger el derecho al aborto en Texas, después de la entrada en vigor de una ley que prácticamente prohíbe totalmente este tipo de intervenciones en el estado.

El mandatario arremetió en un comunicado contra el Tribunal Supremo del país, que con una mayoría conservadora reforzada decidió anoche no bloquear esa norma, que entró en vigor el ayer miércoles y que prohíbe abortar a las seis semanas de gestación.

Biden ha pedido al Consejo de Políticas de Género y a la Oficina del Abogado de la Casa Blanca “un esfuerzo gubernamental integral”, en el que estén especialmente implicados el Departamento de Justicia y el de Salud y Servicios Humanos, para “garantizar que las mujeres en Texas tengan abortos seguros y legales”.

La nueva norma de Texas veta el aborto a las seis semanas de gestación, cuando se puede detectar el latido del corazón del feto y muchas mujeres no saben aún que están embarazadas; y no contempla excepciones en casos de incesto o violación.

Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta $10 mil al demandante si gana el juicio.

Ley impulsada por republicanos

La legislación fue firmada en mayo pasado por el gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, después de que recibiera el visto bueno de la Cámara Baja y el Senado estatales, controlados por los conservadores.

Poco después de su entrada en vigor, el Tribunal Supremo del país optó anoche por no bloquear la ley, con un resultado ajustado 5-4, lo que supuso un rechazo a la solicitud de emergencia presentada por varias clínicas y profesionales médicos de ese estado para detener la norma.

Biden lamentó que con la nueva legislación se dé poder a particulares en Texas “para denunciar a proveedores de servicios sanitarios, familiares que apoyan a la mujer que ejerce su derecho a elegir después de seis semanas o incluso al amigo que la lleva al hospital o la clínica”.

Y se quejó de que, gracias a esa norma, a partir de ahora en ese estado un completo desconocido pueda entrometerse en “las decisiones más privadas y personales que una mujer afronta sobre su salud”, además de incentivarle con la perspectiva de ganar $10 mil si gana el caso.

“Un caos constitucional”

La medida “desata un caos anticonstitucional y da poder a individuos para que se erijan en encargados de aplicar la ley con unos efectos devastadores”, alertó Biden.

El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EE.UU. en 1973 gracias al fallo del Tribunal Supremo en el caso Roe v. Wade, en el que reconoció que una mujer puede terminar con su embarazo durante los primeros seis meses de gestación.

Ninguna otra ley similar a la de Texas que prohíba abortar a partir de las seis semanas de gestación -como las de Georgia, Misisipi, Ohio y Kentucky- ha entrado en vigor en el país.

La de Texas es distinta a otras legislaciones porque en vez de depender de funcionarios públicos para su cumplimiento deja a los particulares denunciar a quienes ayuden a las embarazadas a recibir una intervención.

Hasta ahora los activistas y las clínicas habían logrado detener la aplicación de leyes antiaborto porque lo normal en una denuncia que busca bloquear una ley si es considerada inconstitucional es citar a funcionarios gubernamentales como acusados, pero en este caso no es posible porque son los particulares quienes demandan.

Pese al mazazo que ha supuesto la resolución del Supremo, varias organizaciones y clínicas de servicios reproductivos en Texas que presentaron la solicitud de emergencia ante al alto tribunal prometieron este jueves que seguirán plantando batalla.

Pacientes “desesperadas”

La presidenta y directora ejecutiva de Whole Woman’s Health, Amy Hagstrom Miller, cuya organización gestiona cuatro clínicas en Texas, afirmó en un comunicado que sus pacientes están “asustadas, confusas y desesperadas” intentando averiguar qué pueden hacer para conseguir un aborto en el estado.

Hagstrom Miller dijo que su personal médico también tiene miedo, aunque aseguró que sus clínicas, que permanecen abiertas, están cumpliendo con la prohibición.

Por su parte, Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Center for Reproductive Rights, que representa a las clínicas ante la Justicia, criticó al Supremo por su rechazo a bloquear una ley que “viola flagrantemente a Roe v. Wade”.

Denunció que los políticos de Texas han tenido éxito por el momento “burlando” el imperio de la ley con las restricciones al aborto y forzando a las pacientes a abandonar el estado, si tienen medios, para lograr “una atención sanitaria protegida constitucionalmente”.

Aun así advirtió de que seguirán luchando contra la prohibición en Texas hasta que se restaure el acceso al aborto en el estado.