NUEVA YORK. El ex congresista George Santos ha solicitado un jurado parcialmente anónimo, mientras que la fiscalía federal está presionando para que se admitan como pruebas algunas de las mentiras de su campaña electoral, a medida que se acerca el juicio por fraude en septiembre al republicano neoyorquino, caído en desgracia.

Los abogados de Santos argumentaron el martes en los tribunales que la identidad de cada miembro del jurado sólo debe ser conocida por el juez, las dos partes y sus abogados debido al extraordinario nivel de atención mediática en torno al caso y a su cliente. Dijeron que la publicidad plantea “riesgos significativos” para “la seguridad, privacidad e imparcialidad de los jurados.”

Elegido en 2022, Santos representó a partes de Queens y Long Island, antes de convertirse en diciembre en el sexto legislador de la historia en ser expulsado de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En abril abandonó una apuesta arriesgada para volver al Congreso como independiente.

“La amplia y en gran medida negativa cobertura de los medios de comunicación, combinada con la naturaleza política del caso, crea un riesgo sustancial de que los miembros del jurado puedan sufrir acoso o intimidación si se conoce su identidad, lo que podría comprometer la imparcialidad del juicio”, escribieron los abogados de Santos. “Además, el mero riesgo de ridículo público podría influir en la capacidad individual de los miembros del jurado para decidir sobre el caso de Santos basándose únicamente en los hechos y la ley, tal como se presentan ante el Tribunal”.

Los portavoces del fiscal federal del distrito este de Nueva York, Breon Peace, cuya oficina lleva el caso, declinaron hacer comentarios el miércoles.

Los fiscales, mientras tanto, presentaron sus propias solicitudes ante el tribunal a principios de este mes antes del juicio del 9 de septiembre.

Entre otras cosas, pretenden que se admitan como pruebas algunas de las mentiras que Santos profirió durante su campaña, incluidas sus falsas afirmaciones de que se había licenciado tanto en la Universidad de Nueva York como en el Baruch College, de que había trabajado en los gigantes financieros Citigroup y Goldman Sachs y de que dirigía una empresa familiar con unos 80 millones de dólares en activos, entre otras falsedades financieras.

Argumentan que las falsedades sobre su pasado están “inextricablemente entrelazadas” con los cargos penales a los que se enfrenta y ayudarían a “establecer el estado mental del acusado” en ese momento.

Santos está acusado de una serie de delitos financieros, entre ellos mentir al Congreso sobre su riqueza, cobrar prestaciones de desempleo cuando en realidad trabajaba y utilizar contribuciones a la campaña para pagar gastos personales como ropa de diseñador. Se ha declarado inocente.

En su memorando de 71 páginas presentado al tribunal el 2 de agosto, los fiscales también pretenden impedir que Santos alegue en el juicio que es objeto de una “persecución vengativa o selectiva”, citando sus numerosas declaraciones públicas en las que tachaba el caso de “caza de brujas”.

Argumentan que las afirmaciones de Santos son “infundadas”, “totalmente irrelevantes para la cuestión de su culpabilidad” y sólo servirían para “inyectar en el juicio afirmaciones distractoras y perjudiciales de motivos gubernamentales impropios.”

La oficina de Peace también pidió al tribunal que obligue a Santos a cumplir con el proceso de intercambio de documentos previo al juicio, conocido como “descubrimiento”, señalando que el gobierno ha proporcionado a su equipo legal más de 1.3 millones de páginas de registros, mientras que ellos sólo han presentado cinco páginas.

Los abogados de Santos declinaron hacer comentarios sobre los argumentos del gobierno.

El mes pasado, la juez federal Joanna Seybert rechazó la petición de Santos de desestimar tres de los 23 cargos que se le imputan. Ambas partes deberán volver a comparecer ante el tribunal federal de Central Islip el 13 de agosto.