George Santos se declararía culpable según fuentes de AP
El excongresista republicano está acusado de blanqueo de fondos, fraude electrónico, sustracción de fondos públicos y otros delitos.
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Se espera que el excongresista George Santos se declare culpable de múltiples cargos en su caso de fraude federal, según una persona familiarizada con el asunto.
El republicano de Nueva York, se declararía culpable de los cargos en su contra en una vista judicial prevista para el lunes en Long Island, dijo la fuente.
El informante no podía discutir públicamente los detalles de la declaración y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.
Se dejaron mensajes en busca de comentarios de Santos y de tres abogados que representan al ex congresista.
La vista judicial está prevista para el lunes por la tarde, después de que los fiscales y los abogados de Santos la solicitaran conjuntamente el viernes. También solicitaron y obtuvieron un aplazamiento de algunos plazos previos al juicio.
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La noticia llega apenas unas semanas antes de que comience la selección del jurado, prevista para el 9 de septiembre. Santos ya se ha declarado inocente de una serie de delitos financieros, como mentir al Congreso sobre su fortuna, cobrar el subsidio por desempleo cuando en realidad trabajaba y utilizar las contribuciones a la campaña para pagar gastos personales, como ropa de diseñador.
Entre los cargos a los que se enfrenta Santos figuran fraude electrónico, sustracción de fondos públicos, blanqueo de capitales y usurpación de identidad con agravantes.
Los fiscales dijeron recientemente al juez que el juicio podría durar tres semanas porque esperaban llamar al menos a tres docenas de testigos, incluidas algunas víctimas de los presuntos delitos de Santos.
Santos ha mantenido anteriormente su inocencia y ha calificado la investigación de “cacería de brujas”, afirmaciones que los fiscales calificaron de “infundadas” en una reciente presentación ante el tribunal. Pero en diciembre, cuando los fiscales dijeron que se estaban llevando a cabo negociaciones para declararse culpable, Santos dijo en una entrevista que un acuerdo “no estaba fuera de la mesa”.
Cuando se le preguntó si tenía miedo de ir a la cárcel, dijo: “Creo que todo el mundo debería tener miedo de ir a la cárcel, no es un lugar bonito y eh, definitivamente quiero trabajar muy duro para evitarlo lo mejor posible”.
A principios de esta semana, la juez Joanna Seybert rechazó la petición de Santos de que los posibles miembros del jurado rellenaran un cuestionario escrito para conocer su opinión sobre él. Sus abogados argumentaron en los documentos judiciales que era necesario porque “a todos los efectos, Santos ya ha sido declarado culpable en el tribunal de la opinión pública”.
Los abogados del gobierno también buscaban admitir como prueba algunas de las mentiras que Santos hizo durante su campaña. Antes de ser elegido en 2022 para representar a partes de Queens y Long Island, afirmó falsamente que se había graduado tanto en la Universidad de Nueva York como en el Baruch College y que había trabajado en importantes empresas de Wall Street.
Dos ayudantes de campaña de Santos ya se han declarado culpables de delitos relacionados con la campaña del excongresista. El pasado mes de octubre, su extesorera, Nancy Marks, se declaró culpable de un cargo de conspiración de fraude e implicó a Santos en un plan para adornar los informes financieros de su campaña con un préstamo falso y donantes falsos. Un abogado de Marks dijo entonces que su clienta estaría dispuesta a testificar contra Santos si se lo pedían, afirmando que había sido “mentalmente seducida” por Santos.
Un mes más tarde, Sam Miele, antiguo recaudador de fondos para Santos, se declaró culpable de un delito federal de fraude electrónico, admitiendo que se hizo pasar por un asistente de alto rango del Congreso mientras recaudaba dinero para la campaña de Santos.
El republicano neoyorquino fue expulsado del Congreso en diciembre, tras una investigación ética que halló “pruebas abrumadoras” de que había infringido la ley y explotado su cargo público en beneficio propio.