Phoenix. Una de dos supervisores de un condado rural de Arizona que enfrentaban cargos penales por negarse a certificar los resultados de las elecciones intermedias de 2022 antes del plazo establecido por el estado se declaró culpable el lunes a un cargo menor de no desempeñar sus deberes como funcionaria electoral.

Cuando faltan dos semanas para los comicios generales del 5 de noviembre, la declaratoria de culpabilidad de la supervisora del condado de Cochise, Peggy Judd, es considerada por algunos como una advertencia para otros funcionarios de condado en el estado que una vez más puedan sentirse presionados para rehusarse a certificar los resultados.

“El acuerdo oficial de culpabilidad de Judd representa un hecho importante para garantizar la integridad electoral en Arizona”, dijo Thomas Volgy, exalcalde de Tucson, Arizona, y profesor en la Universidad de Arizona, donde se especializa en procesos democráticos. “Debe ser una llamada de advertencia para todos los funcionarios de condado de que no pueden manipular las intenciones de voto de los habitantes de Arizona a cambio de pequeñas ganancias partidistas”.

Peter Bondi, director operativo del grupo sin fines de lucro Informing Democracy, dijo en un comunicado que la declaratoria de Judd “es un claro recordatorio de que el deber de certificación no es opcional, y debería disuadir a cualquier funcionario electoral de tratar de socavar la voluntad de los votantes”.

“Este es un triunfo para la democracia, el Estado de derecho y, por sobre todas las cosas, para todo votante que participe este año”, subrayó Bondi.

Judd evitó un posible cargo grave al declararse culpable en virtud a un acuerdo alcanzado con la Corte Superior del condado de Maricopa, en donde se interpuso el caso penal. Judd será sentenciada a libertad condicional no supervisada por al menos 90 días y pagará una multa máxima de 500 dólares, dijo el portavoz de la fiscal general del estado, Kris Mayes.

“No tenemos mucho que comentar salvo que ella está muy contenta de dejar todo esto atrás”, dijo el abogado de Judd, Kurt Altman.

Judd y Tom Crosby, otro republicano entre los tres miembros de la junta, fueron encausados el año pasado por cargos graves de conspiración e interferencia con un funcionario electoral después de demorar los escrutinios del estado. El tercer integrante de la junta, la demócrata Ann Crosby, había votado a favor de certificar la elección.

Los resultados del condado de Cochise fueron certificados eventualmente después del plazo oficial luego de que un juez ordenó a Judd y Crosby cumplir con sus deberes legales.