El Gobierno de Florida deberá difundir reportes semanales y más detallados en torno a los contagios y decesos por COVID-19, como resultado de un acuerdo judicial logrado en una demanda interpuesta en su contra en 2021.

El acuerdo fue dado a conocer el lunes por uno de los demandantes, el excongresista estatal Carlos Guillermo Smith, quien en 2021 demandó a la Administración del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, por parar de brindar información diaria sobre los contagios y muertes por la enfermedad.

En la querella, a la que se sumaron el Centro de Florida para la Responsabilidad Gubernamental y algunos medios de comunicación, los demandantes señalaban que ello iba en contra de lo estipulado en la ley estatal de registros públicos.

Agregaron que los nuevos reportes que la Administración de DeSantis empezó a difundir a partir de julio de ese año, al comienzo de carácter semanal y luego cada dos semanas, eran menos detallados y no contenían, entre otros, información relativa a la demografía de los casos y decesos.

Los abogados del departamento de Salud de Florida alegaban que esa información era epidemiológica y por tanto confidencial, de acuerdo a una ley estatal, y que de todas formas remitían esos datos a los gubernamentales Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

“El Departamento (de Salud de Florida) MINTIÓ sobre la existencia de estos registros públicos en los tribunales e hizo todo lo posible para restringir la información y restar importancia a la amenaza de COVID para ajustarse a su narrativa política”, señaló Smith en su cuenta de Twitter.

El exrepresentante demócrata agregó que la decisión de la Administración de DeSantis, quien aspira a la nominación republicana en las elecciones presidenciales de 2024, ocurrió “durante la ola más mortífera de la pandemia”, en alusión a la variante Delta, responsable, dijo, de la muerte de 23,000 floridanos.

Como resultado de este acuerdo, el Gobierno de Florida ahora deberá dar a conocer reportes semanales que contengan información sobre tasas de vacunación, y recuentos de casos y muertes por condado, grupo de edad, sexo y raza.

También tendrá que pagar los gastos legales de los querellantes, que ascienden a 152,500 dólares (144,000 euros).