Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) removieron el pasado lunes 11 conjuntos de documentos confidenciales, incluyendo material marcado como de “alto secreto” que solo podían ser vistos en instalaciones gubernamentales seguras, de la propiedad de Mar-a-lago, Florida, del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el periódico Wall Street Journal, las autoridades han recuperado alrededor de 20 cajas de artículos, carpetas con fotos, una nota escrita a mano y la conseción ejecutiva para un aliado del exmandatario, Roger Stone. Además, entre los documentos confiscados, se halló información sobre el “presidente de Francia”, Emmanuel Macron.

De acuerdo con el reportaje de Sadie Gurman, hay referencias a “varios documentos clasificados/TS/SCI”. Y hubo conjuntos de documentos de alto secreto, tres conjuntos de documentos secretos y tres conjuntos de documentos confidenciales.

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Por otra parte, un reportaje del diario The New York Times destacó que los agentes federales llevaron a cabo la orden de registro ante una pesquisa activa contra Trump asociado a violaciones a la Ley de Espionaje, que tipifica como delito la retención sin autorización de información de seguridad nacional que pudiera provocar algún daño a los Estados Unidos o proveerle apoyo a un adversario extranjero.

Además, el allanamiento se habría enfocado en la “oficina 45″ y en “todas las salas y oficinas usadas [por el expresidente] y su personal y en las cuales se podrían almacenar cajas o documentos”, destacó el medio The Washington Post.

Dicha revelación se produce en momentos en que el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, se defendió de los “ataques infundados” realizados por el entonces mandatario tras confirmar que fue el Departamento de Justicia federal quien aprobó el orden de cateo en la finca de Florida.

“Yo, personalmente, aprobé la decisión de la orden de allanamiento en este caso. El Departamento de Justicia no toma estas decisiones a la ligera”, dijo el fiscal.

En el día de la orden de cateo, Trump declaró por escrito que el registro fue “una mala conducta de la Fiscalía”.