La vacuna obligatoria de los empleados de empresas grandes y medianas dispuesta por el gobierno del presidente Joe Biden y discutida ahora en los tribunales enfrenta un futuro incierto, que podría depender de qué juzgado termina pronunciándose sobre el tema.

Funcionarios republicanos de 27 estados, empresas y varias organizaciones empresariales y de conservadores acudieron a los tribunales poco después de que el gobierno diese detalles de su medida de emergencia tomada el 4 de noviembre. Varios sindicatos hicieron lo propio, aunque arguyendo que la orden no va lo suficientemente lejos.

Se espera que todo esto sea consolidado en un solo caso, a ser resuelto por un solo juzgado.

El juzgado donde se resuelvan estas demandas podría determinar si la orden es aprobada o anulada, en un reflejo de la politización del aparato judicial de los últimos años. El tribunal de apelaciones del 5to Circuito, de Nueva Orleáns, dejó la orden en suspenso.

Allison Orr Larsen, profesor de la William & Mary Law School, fue uno de los autores de un estudio publicado este año según el cual las decisiones judiciales tienen un tono cada vez más político.

“Notamos un aumento (en la politización de los tribunales) a partir del 2018″, expresó Larsen en una entrevista.

La creciente politización de una rama del gobierno que se supone es ajena a la política, no obstante, se percibe en los jueces designados por los presidentes de ambos partidos.

Algunos tribunales federales viraron hacia la derecha cuando Donald Trump era presidente y los republicanos controlaban el Senado, que es el que confirma las designaciones de jueces. Trump designó 54 jueces de tribunales de circuito, el último peldaño antes de la Corte Suprema. Esto representa casi el 30% de los tribunales de circuito, en los que los casos son a menudo decididos por tres jueces.

Los procuradores generales estatales republicanos y organizaciones conservadoras radicaron sus demandas en tribunales de circuito controlados por jueces conservadores, en tanto que los sindicatos acudieron a circuitos con más jueces designados por presidentes demócratas.

En total se presentaron 34 objeciones en 11 circuitos regionales y otra en el Distrito de Columbia.

Las leyes federales estipulan que cuando se cuestiona el accionar de un organismo federal, ese organismo puede pedir que todas las quejas sean consolidadas en un solo caso. Cualquiera de los circuitos donde fueron radicadas las demandas puede ser elegido para resolver el caso.

Esa selección se hace por sorteo.

El revuelo gira en torno a la orden del gobierno de que toda empresa con al menos 100 empleados exija a su personal que se vacune a más tardar el 4 de enero o que use tapabocas y se someta a pruebas semanales de COVID-19. Se admiten exenciones por razones religiosas y para quienes trabajan desde sus casas o al aire libre.