WASHINGTON.- A punto de expirar la ley antiterrorista Patriot Act, el gobierno del presidente Barack Obama difundió hoy un informe de hace seis años que examinó un programa otrora secreto que recababa información de llamadas telefónicas y correos electrónicos de los estadounidenses.

La oficina del Director de Inteligencia Nacional difundió públicamente el informe en respuesta a una demanda interpuesta por The New York Times al amparo de la Ley de Libertad de Información.

El expresidente George W. Bush autorizó el "Programa Presidencial de Vigilancia" después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. La revisión fue completada en julio del 2009 por inspectores del Departamento de Justicia, el Pentágono, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la oficina del director de Inteligencia Nacional.

Llegaron a la conclusión de que mientras muchos funcionarios de inteligencia creen que el programa llenó un vacío al aumentar el acceso a las comunicaciones internacionales, otros, incluyendo agentes del FBI y analistas de la CIA, "tenían dificultades para evaluar la contribución precisa del Programa Presidencial de Vigilancia a los esfuerzos antiterroristas debido a que se le consideraba generalmente una entre muchas herramientas disponibles de recolección de datos de inteligencia".

Los críticos del programa de registros telefónicos, que permite a la NSA rastrear comunicaciones entre terroristas en el exterior y residentes en Estados Unidos, no creen que sea un arma antiterrorista efectiva. Agregan que una agencia de inteligencia no tiene por qué indagar los registros personales de los ciudadanos. Muchos favorecen en cambio un sistema en el que la NSA obtenga autorización judicial para recabar conversaciones conservadas por las compañías telefónicas.

La Patriot Act expira el 1 de junio, y los republicanos en el Senado presentaron un proyecto de ley que permitiría seguir recolectando los registros telefónicos de casi todos los ciudadanos. La ley volvería a autorizar artículos de dicha ley, incluso la disposición por la cual la NSA requiere que las compañías telefónicas entreguen los registros de la mayoría de las conversaciones nacionales por líneas telefónicas terrestres.

Después que el programa fue revelado en 2013 por el excontratista de la NSA Edward Snowden, el presidente Obama y muchos legisladores reclamaron una ley que pusiera fin a esa recolección de grabaciones, pero un proyecto en ese sentido no fue aprobado. Los proponentes habían esperado que la expiración de la Patriot Act el 1 de junio forzara la reconsideración de dicha medida.