SEATTLE.— Más de 1,600 personas detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos, incluidos padres que han sido separados de sus hijos, están siendo trasladados a prisiones federales, según confirmaron el jueves autoridades estadounidenses de inmigración.

Las autoridades dijeron que se están quedando sin espacio en sus instalaciones durante la campaña lanzada por el presidente, Donald Trump, contra la inmigración ilegal.

La decisión fue condenada por activistas, que dijeron que los detenidos podrían tener base legal para pedir asilo y no merecen estar retenidos en prisiones federales.

El gobernador de Washington, Jay Inslee, y el secretario de Justicia del estado, Bob Ferguson, publicaron una carta el jueves por la noche pidiendo más información al Departamento de Justicia y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) tras saber que este último había trasladado a docenas de madres que habían sido separadas de sus hijos al Centro Federal de Detención en SeaTac.

“La nueva política de seguridad de familias del gobierno de Trump inflige un trauma deliberado, innecesario y permanente a niños pequeños que no han hecho nada malo y a padres que a menudo tienen credenciales válidas para obtener estatus de asilo o refugio”, escribieron.

Tradicionalmente, los inmigrantes sin historiales delictivos graves eran puestos en libertad mientras solicitaban asilo o estatus de refugiado. El gobierno de Trump puso fin a esa política.

Debido al aumento en los cruces ilegales de frontera y a la política de “tolerancia cero” del Departamento de Justicia _diseñado para disuadir a la gente de cruzar de forma irregular_ la agencia necesitaba acceso a más de 1.600 camas en instalaciones de la Oficina de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), señaló en un comunicado enviado por email la portavoz del ICE Carissa Cutrell.

Esa cifra incluía 1.000 camas en Victorville, California; 209 en SeaTac; 230 en La Luna, Texas; 230 en Sheridan, Oregon; y 102 en Phoenix, señaló la agencia.

“El empleo de instalaciones de la BOP pretende ser una medida temporal hasta que el ICE pueda obtener contratos adicionales a largo plazo para nuevas instalaciones de detención o hasta que remita el aumento de cruces ilegales”, añadió el comunicado.

La carta de Inslee y Ferguson sigue a un reporte del Northwest Inmigrant Rights Project, publicado antes el jueves, sobre que hasta 120 solicitantes de asilo habían sido trasladadas al Centro de Detención Federal en SeaTac.

La organización dijo haber hablado el miércoles con dos de las mujeres, que a mediados de mayo llegaron a la frontera sur del país con sus hijas pequeñas para pedir asilo. Ambas fueron separadas de sus hijas poco después de ser capturadas por la Patrulla Fronteriza.

En lugar de ser reunidas con sus hijas tras ser condenadas al tiempo que ya habían estado retenidas por el delito menor de entrada ilegal, fueron trasladadas al estado de Washington mientras piden asilo, indicó la organización.

“Simplemente no hay justificación moral ni legal para separar a los niños de sus padres en este esfuerzo draconiano de disuadir a otros inmigrantes”, afirmó Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project, en un comunicado por escrito. “Esto no solo es ilícito, sino también contrario a la decencia humana elemental”.

Inslee y Ferguson solicitaron más información sobre si las mujeres serían liberadas y cuándo se espera que puedan ver a sus hijos, así como detalles sobre la ubicación de los menores y quién está cuidando de ellos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha pedido una orden judicial para impedir que las autoridades migratorias separen a los padres de sus hijos menores.

Un juez federal en California dio luz verde el miércoles para que un caso que afecta a dos madres siguiera adelante, señalando que si la política se está ejecutando como se describe en la demanda, es “brutal, ofensiva, y no corresponde con los conceptos tradicionales de juego justo y decencia”.

El juez dijo que emitiría un fallo por separado sobre si expandía la demanda para que incluyera a todos los padres e hijos separados por autoridades fronterizas.