Washington. Las autoridades de inmigración de Estados Unidos limitarán los arrestos en escuelas, hospitales y otras llamadas zonas “protegidas”, según nuevos lineamientos emitidos el miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional.

Como parte de una labor más extensa por hacer de la inmigración algo más selectiva, se les está instruyendo a agentes y funcionarios a considerar el impacto de las acciones de aplicación de la ley en las comunidades, así como los “intereses sociales más amplios”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al anunciar las nuevas directrices.

“Podemos cumplir con nuestra misión de aplicación de la ley sin negar a las personas el acceso a la atención médica necesaria, a los niños el acceso a sus escuelas, a los desplazados el acceso a alimentos y techo, a los religiosos el acceso a sus lugares de culto, y más”, señaló Mayorkas.

La acción, que forma parte de una serie de medidas implementadas por el gobierno del presidente Joe Biden para revertir algunas de las estrictas políticas migratorias de su predecesor, probablemente frustrará aún más a sus detractores, quienes afirman que una laxa aplicación de la ley alienta a los migrantes a tratar de ingresar al país de manera ilegal.

La medida que anunció Mayorkas se suma a políticas anteriores que instruían al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) a dejar de realizar detenciones en tribunales y a orientar a los agentes y funcionarios a enfocarse en personas que ingresaron recientemente al país de forma ilegal, que suponen una amenaza para la seguridad nacional o que han cometido delitos graves.

A la lista de los lugares que están restringidos para las autoridades de inmigración se añadirán: las escuelas, las guarderías y los centros médicos, los sitios de culto, parques infantiles y centros de recreación. Las detenciones también estarían limitadas durante manifestaciones y mítines.

La nueva política es similar a las directrices emitidas durante la presidencia de Barack Obama. El gobierno del expresidente Donald Trump desató críticas por tratar de arrestar y expulsar a cualquier persona que estuviera en el país de forma ilegal, sin importar sus antecedentes penales o vínculos con la comunidad. Biden también revirtió una política implementada por Trump sobre detener a personas por violaciones a las leyes de inmigración cuando se presentaban a tribunales por otros asuntos.