Washington. La administración del presidente Joe Biden inició una investigación sobre abusos laborales y de derechos humanos en Nicaragua, dijo un funcionario estadounidense.

Es probable que la decisión afecte las relaciones con un país con el que Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio en medio de crecientes preocupaciones sobre el gobierno cada vez más autoritario del presidente Daniel Ortega.

Se espera que la investigación, que será llevada a cabo por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, dure un año, según el funcionario y otra persona familiarizada con la investigación que hablaron bajo la condición del anonimato antes de que fuera anunciada.

Está previsto que la Casa Blanca anuncie la decisión más tarde el martes, dijeron las dos personas.

La investigación, autorizada bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, examinará no solo las denuncias de abuso, sino también en qué medida afectan el comercio con Estados Unidos. Solo hasta entonces se tomarán acciones en consecuencia, de haberlas.

La vicepresidenta de Nicaragua y portavoz del gobierno, Rosario Murillo, no respondió de momento a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

En mayo, el gobierno estadounidense impuso aranceles de la sección 301 a varios productos chinos, incluidos vehículos eléctricos, baterías avanzadas, células solares, acero y aluminio. Esos aranceles reflejaron en gran medida la conclusión de Estados Unidos de que China estaba subsidiando injustamente esas industrias.

“Durante años, el gobierno chino ha vertido dinero estatal en empresas chinas”, dijo el presidente Biden sobre esos aranceles. “No es competencia, es trampa”.

En el caso de Nicaragua, cualquier sanción sería complicada porque el país forma parte del Tratado de Libre Comercio de América Central.

De los cinco miembros del pacto comercial, Nicaragua es uno de los únicos dos que registran un superávit comercial con Estados Unidos, y que en 2022 fue de aproximadamente $3,000 millones, casi el 20% de su Producto Interno Bruto.

Ortega propuso el mes pasado una reforma constitucional que oficialmente lo haría a él y a su esposa, la vicepresidenta Murillo, “copresidentes” de la nación centroamericana y extendería el mandato presidencial de cinco a seis años.

Las propuestas se producen en medio de una represión continua por parte del gobierno de Ortega que ha resultado en el encarcelamiento masivo y el exilio forzado de adversarios, incluidos líderes religiosos y periodistas. Desde 2018, el gobierno ha cerrado más de 5,000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y ha obligado a miles a huir del país.