WASHINGTON. El gobierno de Estados Unidos dijo el viernes que el uso por parte de Israel de armas proporcionadas por Estados Unidos en Gaza muy probablemente violó el derecho humanitario internacional, pero que las condiciones de guerra impidieron que los funcionarios estadounidenses determinaran eso con certeza en ataques aéreos específicos.

Los hallazgos por parte de Estados Unidos de evidencia “razonablemente convincente” para concluir que su aliado había violado el derecho internacional en su actuar en la guerra en Gaza, publicados en un resumen de un informe que se entregará al Congreso el viernes, representan la declaración más fuerte de este tipo por parte de los funcionarios de Biden.

Pero su aclaración de que no fue posible por el momento vincular armas específicas de Estados Unidos a ataques individuales por parte de las fuerzas israelíes en Gaza podría darle al gobierno del presidente Joe Biden margen en cualquier decisión futura sobre si restringir el suministro de armas ofensivas a Israel.

Los hallazgos del gobierno federal, una inédita evaluación que fue impulsada por los copartidarios demócratas de Biden en el Congreso, se difundieron después de siete meses de ataques aéreos, combates terrestres y restricciones de ayuda, que han cobrado la vida de casi 35,000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

Aunque los funcionarios de Estados Unidos no pudieron recopilar toda la información necesaria sobre ataques específicos, “dada la significativa dependencia de Israel en artículos de defensa fabricados en Estados Unidos, es razonable evaluar que dichos artículos de defensa... han sido utilizados por las fuerzas de seguridad israelíes desde el 7 de octubre en instancias no acordes con sus obligaciones con el derecho internacional humanitario o con las mejores prácticas establecidas para mitigar el daño a civiles”, indica el informe.

Si bien el ejército de Israel cuenta con la experiencia, tecnología y conocimientos para minimizar el daño a los civiles, “los resultados sobre el terreno, incluyendo altos niveles de bajas civiles, plantean cuestiones sustanciales sobre si las Fuerzas de Defensa de Israel los están utilizando realmente en todos los casos”, añade el informe.

Grupos internacionales de derechos humanos y una revisión realizada por un panel no oficial de exfuncionarios del Departamento de Estado, exmilitares, expertos académicos y otros señalaron más de una docena de ataques aéreos israelíes para los cuales dijeron que había evidencia creíble de violaciones a las leyes de guerra y al derecho humanitario. Los objetivos incluían convoyes de ayuda, trabajadores médicos, hospitales, periodistas, escuelas y centros de refugiados, y otros sitios que tienen amplia protección bajo el derecho internacional.

Argumentaron que el número de civiles muertos en muchos ataques en Gaza —como un ataque el 31 de octubre contra un edificio de apartamentos que se informó había matado a 106 civiles— era desproporcionado al valor de cualquier objetivo militar.

Israel alega que sigue todas las leyes de Estados Unidos e internacionales, que investiga las denuncias de abusos por parte de sus fuerzas de seguridad y que su campaña en Gaza es proporcional a la amenaza existencial que —afirma— es planteada por Hamás.

Biden es blanco de críticas tanto en Estado Unidos como en el extranjero, debido al elevado número de muertes palestinas y al inicio de una hambruna, causada en gran parte por las restricciones israelíes al movimiento de alimentos y ayuda hacia Gaza. Las tensiones han crecido aún más en las últimas semanas por la promesa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de expandir la ofensiva militar en la ciudad sureña de Rafah, a pesar de la firme oposición de Biden.

En los últimos meses de una dura campaña de reelección contra Donald Trump, Biden enfrenta exhortos de muchos demócratas para que corte el flujo de armas ofensivas a Israel y críticas de republicanos que lo acusan de vacilar en el apoyo a Israel en su momento de necesidad.

El gobierno demócrata tomó uno de los primeros pasos para condicionar la ayuda militar a Israel en los últimos días cuando pausó un envío de 3,500 bombas, debido a la preocupación por la posible ofensiva de Israel sobre Rafah, una ciudad donde actualmente viven más de un millón de palestinos, dijo un alto funcionario gubernamental.

La directiva presidencial que llevó a la revisión, acordada en febrero, obligaba a los departamentos de Defensa y Estado a realizar “una evaluación de cualquier informe o acusación creíble de que tales artículos de defensa y, según corresponda, servicios de defensa, hayan sido utilizados de manera no congruente con el derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario”.

Nada en la directiva presidencial habría desencadenado un corte en el suministro de armas si el gobierno hubiera dictaminado de manera más definitiva que la conducta de Israel había violado el derecho internacional.

El acuerdo también obligaba a los departamentos de Estado y Defensa a informar al Congreso si consideraban que Israel había actuado de manera “arbitraria para negar, restringir o impedir, directa o indirectamente”, la entrega de cualquier ayuda humanitaria respaldada por Estados Unidos para los civiles de Gaza que padecen hambre.

Sobre esta cuestión, el informe citó “profundas preocupaciones” de que Israel jugó un papel significativo en impedir que la ayuda adecuada llegara a los palestinos hambrientos. Sin embargo, indicó que Israel había tomado recientemente algunas medidas positivas, aunque aún insuficientes, y el gobierno de Estados Unidos actualmente no encontraba que Israel estuviera restringiendo la entrega de ayuda de una manera que violara la ley de Estados Unidos, referente a los ejércitos extranjeros que reciben ayuda militar estadounidense.

El senador demócrata Chris Van Hollen, de Maryland, acusó al gobierno federal de pasar por alto lo que él dijo eran claros bloqueos israelíes a la entrega de alimentos y ayuda durante gran parte de la guerra. “Es por eso que tenemos cientos de miles de palestinos que no tienen nada que ver con Hamás al borde de la inanición”, señaló.

Los legisladores y otros que abogaron por la revisión dijeron que Biden y gobiernos estadounidenses anteriores han aplicado un doble estándar al hacer cumplir las leyes de Estados Unidos que rigen cómo los ejércitos extranjeros utilizan el apoyo de Estados Unidos, una acusación que el gobierno de Biden refuta.

Estados Unidos “trata al gobierno de Israel como si estuviera por encima de la ley”, dijo Amanda Klasing del grupo de derechos Amnistía International USA en un comunicado.