SAN ANTONIO, Texas. Un centro de detención del sur de Texas ha bloqueado el acceso de varias madres inmigrantes retenidas a asesoría legal a las mujeres y las ha obligado a llevar grilletes electrónicos en los tobillos como condición para liberarlas, aun cuando jueces han dejado claro que pagar sus fianzas sería suficiente, según dijeron el martes abogados que representan a las mujeres.

Dirigentes de un grupo de voluntarios dijeron estar consternados por "la falta de transparencia, y por la desorganización, coacción y confusión" reflejada en las liberaciones recientes, según una carta enviada el lunes a Sarah Saldaña, directora del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

Entre las irregularidades que enumeran destacan citaciones escritas a mano en papel amarillo adhesivo para que las mujeres comparezcan en tribunales, la ausencia de abogados defensores o jueces en las cortes, y que se diga a mujeres que cualquier pronunciamiento previo de los jueces de inmigración "carece de valor".

El ICE revisará las acusaciones y "responderá directamente" a los abogados, dijo en un comunicado la vocera del ICE Gillian Christensen.

 "El ICE se toma muy en serio la salud, seguridad y bienestar de aquellas personas a nuestro cuidado", dijo Christensen.

Entre 70 y 100 mujeres fueron llamadas a comparecer la semana pasada en el centro de detenciones de Dilley, y funcionarios del ICE les dijeron que podrían salir en libertad sin pagar fianza si aceptaban llevar los dispositivos electrónicos en el tobillo, de acuerdo con la moción presentada por R. Andrew Free, un abogado de Nashville que trabaja con el Proyecto Pro Bono CARA para Familias Detenidas.

Al parecer el ICE quiere que la mayoría de las mujeres lleven el grillete electrónico, que permite conocer la ubicación del portador, dijo Free en entrevista. El proceder de la agencia "engaña a las personas respecto a sus derechos", dijo.

Una de esas mujeres, que pidió ser identificada sólo con su nombre de Eliud por temor a represalias, dijo que salió de Honduras con sus dos hijos adolescentes, a los que habían obligado a integrarse en una pandilla. Afirmó que habría preferido no llevar el aparato en el tobillo, que le causa comezón y no la deja dormir durante la noche, pero no le dieron otra opción.

"Cuando las personas me ven, lo primero que miran es esto (el aparato) y piensan que soy una delincuente", apuntó .

Laura Lichter, abogada de inmigración en Denver que ofrece sus servicios como voluntaria en Dilley, dijo que en sus 20 años de experiencia nunca había visto que el ICE pusiera dispositivos electrónicos o impusiera otras condiciones una vez que un juez de inmigración fija una fianza.

Los grilletes electrónicos de vigilancia son engorrosos, muy notorios y requieren que su batería se cargue constantemente, afirmó, y constituyen otro intento tácito de disuasión.

"Existe un estigma", declaró Lichter. "Todo mundo pensará que ellas son delincuentes".

Free dijo que una de sus clientes estaba entre las que fueron llamadas a la sala del tribunal para firmar el acuerdo, aunque recientemente un juez había reducido su fianza de $7,000 a $1,500, que pensaba pagar. Un funcionario de deportaciones dijo que aunque se pagara la fianza, se le colocaría el dispositivo a la mujer, de acuerdo con la moción.

La mujer pidió hablar con su abogado pero no se lo permitieron. Dos casos similares fueron señalados en declaraciones juradas y Free aseguró que sabía de al menos una decena de casos similares.

Free dijo que no se opone a que las mujeres elijan entre llevar el dispositivo o pagar una fianza, pero que prefiere que la elección esté exenta de "coacción e intimidación". 

Obligar al uso de los dispositivos es abuso de autoridad que "pone en riesgo todo el proceso de una corte de inmigración", añadió.

En la carta, firmada por la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos y otros grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, se afirma además que las mujeres no reciben información adecuada de los agentes del ICE sobre sus obligaciones en el sistema de inmigración y que la agencia no ha respondido a la solicitud de los grupos de que abogados orienten a las inmigrantes antes de que sean dejadas en libertad.

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