NUEVA YORK. Rudy Giuliani se ha declarado en quiebra, días después de haber sido condenado a pagar 148 millones de dólares en una demanda por difamación interpuesta por dos extrabajadoras electorales en Georgia, que dijeron que sus ataques contra ellas las llevaron a recibir amenazas de muerte que les hicieron temer por sus vidas.

En su declaración del jueves, el ex alcalde de Nueva York enumeró cerca de 153 millones de dólares en deudas existentes o potenciales, incluyendo cerca de un millón de dólares en obligaciones fiscales, dinero que debe a sus abogados y muchos millones de dólares en posibles sentencias judiciales en demandas en su contra. Calcula que su patrimonio oscila entre 1 y 10 millones de dólares.

La mayor deuda son los 148 millones de dólares que se le ordenó pagar hace una semana por hacer declaraciones falsas sobre los trabajadores electorales en Georgia, derivadas de la contienda presidencial de 2020.

Ted Goodman, asesor político y portavoz de Giuliani, una vez candidato presidencial republicano y alto funcionario del Departamento de Justicia, dijo en un comunicado que la presentación “no debería ser una sorpresa para nadie.”

“Ninguna persona podría haber creído razonablemente que el alcalde Giuliani podría pagar una cantidad punitiva tan elevada”, dijo Goodman. Dijo que la declaración de quiebra daría a Giuliani “la oportunidad y el tiempo para presentar una apelación, al tiempo que proporcionaría transparencia a sus finanzas bajo la supervisión del tribunal de quiebras, para garantizar que todos los acreedores sean tratados de manera equitativa y justa durante todo el proceso”.

El veredicto del jurado de la semana pasada fue la última y más costosa señal de la creciente tensión financiera de Giuliani, agravada por las investigaciones, demandas, multas, sanciones y daños relacionados con su trabajo ayudando al entonces presidente republicano Donald Trump, a tratar de anular las elecciones de 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden.

Declararse en bancarrota probablemente no borrará los 148 millones de dólares en daños y perjuicios que un jurado otorgó a las extrabajadoras electorales de Georgia, Ruby Freeman y Wandrea’ “Shaye” Moss. La ley de quiebras no permite la disolución de deudas que procedan de un “daño intencionado y malicioso” infligido a otra persona.

Y la declaración de Giuliani se produjo un día después de que la juez federal Beryl Howell de Washington dijera que Freeman y Moss no tenían que esperar los 30 días estándar antes de empezar a trabajar para cobrar la sentencia, al considerar que Giuliani podía utilizar ese tiempo para ocultar sus bienes.

Giuliani ha dicho que apelará y que la indemnización por daños y perjuicios es “absurda”. Hablando fuera de la corte federal de Washington después del veredicto, repitió sus afirmaciones de que las elecciones de 2020 fueron robadas a Trump. En un video posterior en X, antes conocido como Twitter, Giuliani insistió en que no hizo nada malo y sugirió que seguirá presionando sus reclamos incluso si eso significa perder todo su dinero o terminar en la cárcel.

En la declaración de quiebra se enumeraban otros posibles veredictos en su contra en demandas relacionadas con su promoción de teorías conspirativas sobre aquellas elecciones, incluidas demandas presentadas por las empresas de tecnología electoral Dominion y Smartmatic.

También enumeró demandas de una mujer que alega que Giuliani la había coaccionado para mantener relaciones sexuales y no le había pagado 2 millones de dólares en salarios, y numerosas demandas relacionadas con facturas legales impagadas.

En septiembre, el ex abogado de Giuliani, Robert Costello, lo demandó por unos 1.4 millones de dólares en honorarios legales impagados, alegando que Giuliani incumplió su acuerdo de retención al no pagar las facturas en su totalidad y a tiempo. Giuliani ha pedido al juez que desestime el caso, alegando que nunca recibió las facturas en cuestión. El caso está pendiente.

Costello representó a Giuliani desde noviembre de 2019 hasta el pasado julio en asuntos que van desde una investigación sobre sus negocios en Ucrania, que dio lugar a una redada del FBI en su casa y su oficina en abril del 2021, hasta investigaciones estatales y federales sobre su trabajo tras la derrota electoral de Trump en 2020.

En agosto, el IRS presentó un embargo fiscal de 549,435 dólares contra Giuliani para el año fiscal 2021.

Las copias fueron presentadas en el condado de Palm Beach, Florida, donde posee un condominio y Nueva York, bajo el nombre de su firma de contabilidad externa, Mazars USA LLP. Es la misma firma que Trump utilizó durante años antes de que le diera de baja como cliente en medio de preguntas sobre sus estados financieros.

Giuliani, que aún goza de cierta popularidad entre los conservadores de la ciudad que una vez dirigió, presenta un programa de radio diario en su ciudad natal, en una emisora propiedad de un magnate republicano local. Giuliani también presenta un programa nocturno en streaming que ven unos cientos de personas en las redes sociales, al que llama “America’s Mayor Live”.

Mientras tanto, le espera un juicio penal en Georgia. Giuliani se ha declarado inocente en el caso, que le acusa de participar en una amplia conspiración para frustrar la voluntad de los votantes de Georgia que habían elegido a Biden en lugar de Trump. Giuliani se enfrenta a 13 cargos, incluida la violación de la ley anti crimen organizado (Rico Act) de Georgia, cuya versión federal fue una de sus herramientas favoritas como fiscal en la década de 1980.

Giuliani es también un presunto co-conspirador en el caso federal que acusa a Trump de trabajar ilegalmente para anular los resultados de las elecciones. Giuliani no está acusado en ese caso.