La mayoría conservadora en el Tribunal Supremo de Estados Unidos demostró hoy, miércoles, que se inclina a favor de imponer nuevos límites al derecho al aborto en el país, pero no aclaró si llegará al punto de derogar el precedente que legalizó esa práctica en 1973.

El Supremo escuchó argumentos en un caso que no decidirá hasta 2022 -como muy tarde a principios de julio- y que gira en torno a una ley de Mississippi que prohibiría el aborto a partir de las 15 semanas de gestación, donde solo queda una clínica que ofrece ese servicio.

La bancada conservadora de la corte, formada por seis de los nueve jueces del Supremo, dio señales de que planea respaldar la legislación de Mississippi, lo que implicaría modificar los parámetros en los que es legal acceder al aborto en Estados Unidos.

El juez que preside la corte, John Roberts, opinó que reducir el límite en el que el aborto es legal en Estados Unidos a las 15 semanas de gestación que propone Mississippi “no es una diferencia muy drástica” respecto a la situación actual.

Desde que el Supremo legalizó el aborto en 1973 con su decisión “Roe versus Wade”, esa práctica se ha permitido en Estados Unidos hasta el momento de “viabilidad” del feto fuera del vientre materno, un límite que ahora está en torno a las 23 o 24 semanas de embarazo.

El debate en la audiencia giró en torno a dos posibilidades: la de eliminar ese estándar de “viabilidad” y establecer otro límite para el derecho a abortar, y la de derogar directamente la decisión de 1973, lo que permitiría que cada estado prohíba o permita a su antojo la interrupción voluntaria del embarazo.

El estado pidió abiertamente durante la audiencia que los magistrados opten por esa segunda opción, y les suplicó que también anulen otra decisión de 1992, conocida como “Planned Parenthood versus Casey” y que reforzó el precedente de 1973.

“(Esas decisiones) no tienen cabida en nuestra historia o nuestras tradiciones. Han dañado el proceso democrático. Envenenan la ley”, opinó el procurador general, Scott Stewart.

Acabar con esos precedentes es, desde hace una década, la meta de varios estados conservadores, que han aprobado cientos de restricciones al aborto contrarias a los parámetros de 1973 con el objetivo explícito de que el Supremo aceptara pronunciarse sobre alguna y derogara “Roe versus Wade”.

Si se anula del todo ese precedente, se espera que alrededor de la mitad de los estados del país tomen medidas para vetar el aborto.

Eso implicaría que aproximadamente la mitad de las féminas en edad reproductiva de Estados Unidos, unas 36 millones, se quedarían sin acceso a ese servicio en el territorio donde viven, según cálculos de Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud reproductiva en la nación.

“Los efectos en el mundo real de derogar ‘Roe’ y ‘Casey’ serían graves e inmediatos”, advirtió durante la audiencia la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, que habló en nombre del Gobierno del presidente, Joe Biden.

Prelogar pidió respetar el precedente marcado por el propio Supremo y opinó que esa corte “nunca ha revocado un derecho tan fundamental” para los estadounidenses como es la libertad de abortar.

La única clínica que aún practica abortos en Misisipi estuvo representada en la audiencia por Julie Rikelman, una abogada del Centro de Derechos Reproductivos (CRR), quien advirtió que eliminar la garantía de poder abortar a nivel nacional “supondrá un retroceso para las mujeres”.

“Varias generaciones han dependido de este derecho (desde 1973) y una de cada cuatro mujeres del país toma la decisión de acabar con un embarazo (en algún momento de sus vidas”), recordó Rikelman.

Uno de los jueces más conservadores de la corte, Samuel Alito, opinó que “las únicas opciones reales” que tiene el Supremo son mantener en pie la decisión de 1973 o derogarla, una idea que contradice la postura del presidente de la corte, John Roberts.

Ese magistrado expresó su inclinación por encontrar un punto medio y aplicar a nivel nacional el límite para abortar de 15 semanas de gestación que propuso Misisipi, pero no está claro si logrará convencer al resto de los jueces conservadores de que apoyen esa idea.

Mientras, los tres jueces progresistas del tribunal advirtieron de que, históricamente, el Supremo no ha derogado sus propios precedentes salvo en situaciones excepcionales, y siempre basándose en principios legales, no políticos.

La jueza Sonia Sotomayor recordó que Misisipi ha decidido pedir el final de “Roe versus Wade” por el simple hecho de que “hay nuevos magistrados” en el Supremo, porque el año pasado se amplió a seis la mayoría conservadora de la corte.

“¿Sobrevivirá esta institución al hedor que esto crea en la percepción del público, de que la Constitución y su lectura son simplemente actos políticos?”, planteó Sotomayor, que pidió atenerse a lo decidido hace medio siglo.