Miami. Llegó el primero de enero y la Oficina del Censo incumplió el plazo establecido para entregar antes del 31 de diciembre los datos del censo, y cada día que pasa pone en peligro los planes del presidente Donald Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados del recuento nacional.

Esta misma semana, la Oficina del Censo reconoció que a pesar de que sus técnicos han “trabajado arduamente” para procesar los datos recolectados en el censo no iban a ser capaces de entregar al presidente las cifras antes de la “fecha límite legal”.

Y finalmente se cumplió esta advertencia y el organismo que depende del Departamento de Comercio incumplió por primera vez desde que se fijó en 1976 el 31 de diciembre como fecha límite, y todo debido a los efectos en su trabajo de la pandemia del coronavirus y cambios de última hora por parte del Gobierno Trump.

“Continuamos procesando los datos recopilados y planeamos entregar un recuento de población estatal completo y preciso para su distribución a principios de 2021, lo más cerca posible de la fecha límite legal”, indicó la Oficina del Censo en un comunicado.

Pero los días pasan y la presidencia de Trump concluye el 20 de enero y se diluyen sus opciones de concretar un plan que se ha visto envuelto en una disputa legal que llegó incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos, que en diciembre desestimó una demanda contra la orden de Trump de excluir a los indocumentados del censo al considerar que era demasiado pronto para evaluar la cuestión.

El censo se realiza en Estados Unidos cada 10 años por mandato constitucional, y el propósito de contar a todas las personas presentes en el país es la asignación de representación de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral para la próxima década, y de miles de millones de dólares para programas de infraestructura, hospitales, escuelas y asistencia social.

El presidente quiere que, aunque el empadronamiento decenal los cuente, los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula residen en el país no sean tenidos en cuenta en la próxima ronda de asignaciones políticas y financieras.

Trump instruyó en julio al secretario de Comercio, Wilbur Ross, para que le presentara dos resultados del censo de este año, con uno de ellos excluyendo a los inmigrantes indocumentados. El presidente cree que algunos estados obtienen una representación mayor que la merecida debido al número de indocumentados que allí viven.

La Constitución estipula que el censo debe contar a todas las personas que viven en el país, pero Trump, en un memorando emitido en julio y por primera vez en la historia de la república, se atribuyó autoridad para excluir a los inmigrantes indocumentados cuando llegue el momento de distribuir representaciones.

Un empleado de la Oficina del Censo, que habló bajo condición de anonimato, indicó a la cadena de radio pública (NPR) que trabajan para poder terminar antes del 9 de enero su tarea de procesar los datos, como paso previo a entregar finalmente los resultados del censo.

“Si perdemos la fecha del 9 de enero es difícil imaginar que podamos hacer la distribución (de escaños en la Cámara de Representantes y votos electorales de los estados)” antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, el 20 de enero, dijo el empleado.

Y con Biden en la Casa Blanca, el demócrata podría suspender el memorando de Trump y decidir qué números manda al Congreso para su certificación final.

Como ejemplo, y según un análisis hecho por el Centro Pew sobre las proyecciones de población de la Oficina del Censo en 2019, concluyó que si se aplicara el criterio de Trump, California perdería dos escaños en la Cámara de Representantes, en lugar de uno ya anticipado, mientras que Florida ganaría uno en lugar de dos y Texas ganaría dos en lugar de tres.

California es mayoritariamente demócrata, mientras que Texas es republicana y Florida es considerado el principal estado bisagra, aunque en las últimas dos elecciones presidenciales han apoyado a los conservadores.