Washington. Estados Unidos anunció este martes el traslado a Kenia del preso keniano Mohammed Abdul Malik Bajabu, que había estado detenido en la Base Naval de Guantánamo durante 17 años sin cargos.

La Junta de Revisión Periódica había determinado en diciembre de 2021 que el arresto de ese preso bajo la ley de guerra ya no era necesario a modo de protección contra una amenaza significativa y continua a la seguridad nacional de Estados Unidos.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, notificó al Congreso el pasado 14 de noviembre la intención de repatriarlo, indicó su gabinete en un comunicado.

Actualmente, 29 detenidos permanecen en Guantánamo: 15 son elegibles para ser transferidos; tres son elegibles para que la Junta de Revisión Periódica evalúe su situación; siete tienen su caso en manos de las comisiones militares; y cuatro han sido declarados culpables y sentenciados por esas comisiones.

Bajabu, de 51 años, fue detenido por las autoridades de Kenia en febrero de 2007 y entregado a Estados Unidos un mes después.

El diario The New York Times recordó este martes que había permanecido arrestado ante la sospecha de que tenía vínculos con una filial de Al Qaeda que organizó ataques contra turistas israelíes en África Oriental hace dos décadas.

Cuando la Junta de Revisión Periódica autorizó su traslado señaló que su familia y organizaciones no gubernamentales ayudarían a apoyarlo y que era “un aprendiz extremista de bajo nivel antes de su captura”.

Los primeros presos llegaron a Guantánamo en el marco de la “guerra contra el terrorismo” lanzada por el expresidente republicano George W. Bush (2001-2009) tras el ataque del 11-S, en el que murieron casi 3.000 personas, pero muchos casos no consiguen avanzar por el cuestionable método con el que se les extrajo información, entre los que se incluyó la tortura.

En esa base llegó a haber unos 780 presos y los que quedan están ahora en dos campamentos: el primero para los considerados de “alto valor”, como los acusados por los ataques del 11 de septiembre de 2001, y el segundo para los internos de perfil más bajo.

Cerrar ese centro de detención no es fácil: la ley prohíbe el uso de fondos para tal fin y para transferir a los detenidos a Estados Unidos, y también hay resistencia política: en 2009, cuando el exmandatario demócrata Barack Obama (2009-2017) intentó ponerle fin, el Senado se opuso en bloque, con 6 votos a favor y 90 en contra.