Dos jueces en Pensilvania que organizaron un esquema para enviar a menores a prisiones privadas a cambio de sobornos tendrán que pagarles más de 200 millones de dólares a centenares de víctimas de sus crímenes.

El juez federal Christopher Conner ordenó una indemnización de 106 millones de dólares en pagos compensatorios y 100 millones en pagos punitivos para casi 300 personas en una demanda civil contra los jueces, escribiendo que los demandantes fueron “las víctimas trágicas de un escándalo de proporciones épicas”.

En un escándalo conocido como “Niños por Dinero”, Mark Ciavarella y Michael Conahan cerraron un centro municipal de detención juvenil y aceptaron 2.8 millones de dólares en pagos legales del constructor y codueño de dos prisiones privadas. Ciavarella, que presidía la corte juvenil, promovió una política de cero tolerancia que garantizó que gran cantidad de menores fueran enviados a PA Child Care y Western PA Child Care.

Ciavarella ordenó cárcel para niños incluso de apenas 8 años, muchos de ellos por delitos menores como hurto. A menudo ordenaba que los chicos sean encadenados, esposados y llevados inmediatamente a prisión sin oportunidad de despedirse de sus familias.

“Ciavarella y Conahan abandonaron su juramento y violaron la confianza pública”, escribió Conner el martes en su explicación del fallo. “Sus acciones crueles y despreciables victimizaron a una población vulnerable de menores, muchos de los cuales estaban sufriendo problemas emocionales y de salud mental”.

La Corte Suprema de Pensilvania anuló los fallos de culpabilidad contra unos 4,000 menores tras conocerse el esquema.

Ciavarella cumple una sentencia a 28 años en prisión. Conahan, que fue sentenciado a más de siete años en prisión, fue enviado a arresto domiciliario en el 2020 -con seis años restantes a su sentencia- debido a la pandemia de coronavirus.

No estaba claro si los demandantes -que ahora son adultos- recibirán al menos algo de los pagos. El condado Luzerne, que estuvo entre los demandados, fue sacado de la causa hace años.

Masha Levick, cofundadora y asesora legal del Centro de Derecho Juvenil, basado en Filadelfia, y uno de los abogados de los demandantes, dijo el miércoles que ella no puede imaginarse “que haya algún dinero”.