El Departamento de Seguridad Pública de Texas despidió a un agente que estuvo presente en la escuela de Uvalde donde se cometió una masacre, con lo que se convirtió en el primer miembro de la policía estatal en perder su trabajo luego de la respuesta titubeante al ataque del 24 de mayo.

El sargento Juan Maldonado recibió sus papeles de cese de empleo el viernes, dijo Ericka Miller, una portavoz del departamento. El despido ocurre cinco meses después de la balacera en la Escuela Primaria Robb, tras la cual la policía estatal ha estado bajo escrutinio por sus acciones en esas instalaciones mientras un hombre con un fusil tipo AR-15 mataba a 19 niños y dos profesoras.

Tomas captadas por cámaras corporales y reportes de prensa han mostrado que el DSP desempeñó un mayor papel en el lugar de lo que el departamento pareció insinuar tras el ataque. Agentes estatales estuvieron entre la primera ola de policías en llegar, pero no confrontaron al agresor de inmediato, algo que según los expertos va en contra del procedimiento policial estándar durante tiroteos masivos.

En lugar de ello, pasaron más de 70 minutos antes de que los policías finalmente allanaran un aula de cuarto grado y mataran al hombre armado, poniéndole fin a uno de los ataques escolares más letales en la historia de Estados Unidos. A la larga, casi 400 agentes llegaron al lugar, incluyendo de la policía estatal, la policía de Uvalde, policías escolares y efectivos de la Patrulla Fronteriza.

No fue posible contactar a Maldonado para que diera sus comentarios.

Siete agentes del DSP fueron puestos bajo investigación interna a mediados de año luego de que un informe muy duro de legisladores revelara que la policía estatal tenía a 90 agentes en el lugar, más que cualquier otra agencia.

Steve McCraw, director del DSP, ha dicho que la respuesta policial al tiroteo fue un “fracaso absoluto”, pero puso la mayor parte de la culpa sobre Pete Arredondo, el ex jefe de la policía de Uvalde que fue despedido en agosto y a quien puede verse en tomas de cámaras corporales buscando infructuosamente una llave para ingresar al salón de clases, una cerradura que podría haber estado sin seguro todo el tiempo.

Pero el alcalde de Uvalde, los padres de las víctimas y algunos legisladores han acusado al DSP de intentar minimizar sus propias fallas.

El senador estatal demócrata Roland Gutierrez, cuyo distrito incluye a Uvalde, dijo tras enterarse del despido que la rendición de cuentas en el departamento no debería concluir ahí.

“Hay otros noventa que tienen que irse, más el director del DSP”, manifestó.

Gutierrez ha demandado al DSP en un intento por obtener documentos relacionados con la respuesta al tiroteo. Varios medios de prensa, incluyendo The Associated Press, también han pedido a las cortes que obliguen a las autoridades y a funcionarios de Uvalde a que den a conocer registros, de acuerdo con las leyes que protegen el derecho del público a recibir información.

El gobernador republicano Greg Abbott, que aspira a ser reelegido en noviembre, ha respaldado a McCraw, y en un debate en septiembre dijo que se requería una “rendición de cuentas policial a todos los niveles”. Un portavoz de Abbott no respondió a mensajes para solicitarle sus comentarios sobre el despido.

Una de los policías del DSP colocados bajo investigación policial fue Crimson Elizondo, que renunció y posteriormente fue contratada por las escuelas de Uvalde para que trabajara como agente en instalaciones escolares. Fue despedida menos de 24 horas después, luego de que padres de familia indignados de Uvalde se enteraran de su contratación.