Denuncian en Oregon envío de cartas pidiendo rastrear posibles inmigrantes
Policía refirió la situación al FBI y reiteraron su compromiso con la Ley que los declaró santuario.
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LINCOLN CITY, Oregon. El jefe de Policía de un condado de Oregon dijo que se puso en contacto con el FBI y está cada vez más preocupado por una carta que circula en su comunidad rural y costera, en la que se pide a la gente que anote los números de matrícula de posibles inmigrantes.
La Policía del Condado de Lincoln emitió un comunicado de prensa el jueves condenando las cartas que han aparecido en todo el condado, describiéndolas como divisivas. El jefe de policía Curtis Landers dijo a KPTV que se puso en contacto con las autoridades federales después que él mismo recibiera una carta de este tipo.
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En la carta se dice al destinatario que esté alerta mientras está sentado en el aparcamiento de su iglesia o esperando en la cola para recoger a sus hijos en la escuela, para anotar los números de matrícula de los coches que se cree que pertenecen a inmigrantes que podrían carecer de un estatus legal permanente.
La policía dijo que estaba comprometida con la defensa de la ley santuario de Oregon, que prohíbe a la policía local en la mayoría de los casos preguntar sobre el estatus migratorio o de ciudadanía de una persona y compartir esa información con las autoridades federales.
“Estamos alentando a los miembros de nuestra comunidad a hacer lo correcto y usar la compasión cuando nos encontramos con este tipo de mensajes”, indicó la policía en su comunicado de prensa. “Aconsejamos encarecidamente no participar en actividades como las descritas en esta carta, incluida la recopilación o el intercambio de información sobre las personas en función de su situación demográfica o de inmigración percibida”.
La fiscal general de Oregon, Ellen Rosenblum, condenó igualmente las cartas. “Los intentos de intimidar a nuestras comunidades y a sus líderes mediante campañas racistas de envío de cartas no tienen cabida en Oregon, y seguiremos unidos en oposición a quienes pretenden dividirnos”, declaró el viernes en un comunicado.
The Associated Press envió un correo electrónico a la policía el viernes, solicitando comentarios y preguntando por el número y el método de distribución de las cartas.
Al ser contactada por teléfono, la oficina de Landers dijo que tanto el Uniformado como su portavoz estaban fuera de la oficina y no podían responder a llamadas o correos electrónicos ese día.
Landers recibió una copia de la carta en su buzón, según KPTV. En otras partes del condado, el alcalde y los concejales de la pequeña ciudad de Toledo y el alcalde de Lincoln City también recibieron copias en el correo, informó KGW.
En respuesta a las promesas de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas durante su segundo mandato, grupos de defensa de todo el país han organizado cursos de formación para enseñar a los inmigrantes cómo protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Las capacitaciones están en marcha en estados favorables a los inmigrantes, como California e Illinois -que promulgaron protecciones para los inmigrantes en respuesta al enfoque de Trump en la aplicación de la ley durante su primera administración- y en aquellos con leyes más estrictas que afectan a los inmigrantes, como Florida.
Mientras tanto, los funcionarios de un número creciente de estados liderados por republicanos están proponiendo dar a los agentes de la ley locales el poder de arrestar a las personas que entraron ilegalmente en el país, reflejando leyes recientes en Texas y en otros lugares que han sido puestas en espera mientras los tribunales sopesan si usurpan inconstitucionalmente la autoridad federal.
Oregon se convirtió en el primer estado santuario en 1987. Su ley prohíbe a la policía local y estatal participar en la aplicación de las leyes federales de inmigración sin una orden judicial, y también prohíbe el funcionamiento de centros privados de detención de inmigrantes en el estado.
La ley santuario de Oregon se ha ido actualizando y reforzando a lo largo de los años, incluso en 2021, cuando la Asamblea Legislativa aprobó una medida por la que se creaba una línea telefónica directa para denunciar violaciones de la ley.