HOUSTON. El gobierno estadounidense fue acusado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de hacer “desaparecer” cientos de niños que son separados de su familia tras cruzar ilegalmente la frontera con México. 

Organismos defensores de los derechos de los inmigrantes radicaron la demanda el jueves, en respuesta a la separación de cientos familias registrada desde que el secretario de Justicia de Estados Unidos Jeff Sessions anunciase el 7 de mayo que el Departamento de Justicia procesaría a toda persona acusada de cruzar ilegalmente la frontera. Un funcionario del servicio de Protección de Aduanas y Fronteras dijo hace poco al congreso que 638 adultos habían sido entregados a las autoridades para ser procesados entre el 6 y el 19 de mayo. Esos adultos tenían consigo 658 menores. 

A título de comparación, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que se hace cargo de los menores migrantes no acompañados, dijo en abril que desde octubre había recibido aproximadamente 700 casos de niños cuyos padres se creía estaban bajo la custodia del gobierno federal. 

Abogados de inmigración y activistas afirman que los padres están presos sin saber qué fue de sus hijos. 

Efren Olivares, abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, que presentó la queja, dijo que la separación de familias por parte del gobierno estadounidense “claramente viola las leyes internacionales”. 

“Ninguna democracia avanzada del mundo separa a los hijos de los padres por el solo hecho de que vinieron al país”, sostuvo. 

La Comisión de Refugiados de Mujeres y una clínica sobre inmigración de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas se sumaron a la demanda. 

En uno de los casos mencionados en la demanda, agentes de la Patrulla de Fronteras del sur de Texas detuvieron a un guatemalteco de 40 años y a su hijo de 12. La demanda dice que el centroamericano fue encerrado en una celda mientras su hijo era retenido afuera. Cuando el hombre salió de la celda, su hijo ya no estaba allí. 

Un abogado que trabaja con el guatemalteco llamó a una línea especial del gobierno que ofrece datos sobre los menores bajo su custodia. Según la demanda, no había información sobre el menor en el sistema. El padre y el abogado seguían sin conocer el paradero del menor. 

Activistas dicen que esperan que, como resultado de la demanda, la CIDH le pida al gobierno más información sobre cómo les sigue la pista a las familias que separa. La Unión de Libertades Civiles también acudió a los tribunales para cuestionar la separación de familias. 

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo en un comunicado que está “empeñado en conectar a los miembros de estas familias lo más rápidamente posible después de la separación” y que colaborará con el Departamento de Salud y Servicios Humanos para “establecer canales de comunicación regulares y coordinar las separaciones, de ser necesario”. 

Ni el Departamento de Salud y Servicios Humanos ni el Servicio de Protección Fronteriza respondieron a pedidos de comentarios.