La Constitución estadounidense otorga a la Cámara de Representantes “el único poder de juicio político”, pero la disposición no viene acompañada por un manual de instrucciones.

Ahora se ha desatado una batalla campal sobre su significado.

Al jurar que detendrá toda cooperación con la investigación iniciada por los legisladores demócratas, la que podría desembocar en un juicio político, la Casa Blanca calificó el proceso de “ilegítimo” de acuerdo con su propia interpretación de la vaga expresión constitucional.

En una carta de ocho páginas, el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, dijo que el proceso es una farsa porque la presidenta de la cámara, Nancy Pelosi, no realizó una votación oficial para iniciar la investigación.

“Usted ha diseñado y aplicado su investigación en una forma que viola la equidad fundamental y el debido proceso exigido por la Constitución”, escribió Cipollone.

Pero Douglas Letter, un abogado de la Comisión Judicial de la cámara, dijo que evidentemente ésta “dicta sus propias reglas” sobre la manera de desarrollar el proceso.

El documento de la Casa Blanca no abunda en argumentos legales, ya que aparentemente cita declaraciones por la TV de cable en la misma medida que los precedentes jurídicos. Y los expertos dudan de su efectividad.

“Creo que el objetivo de esta carta es inflamar aún más los ánimos de los partidarios del presidente y tratar de deslegitimar el proceso a los ojos de éstos”, dijo Stephen Vladeck, profesor en la facultad de derecho de la Universidad de Texas.

Históricamente, los tribunales se han mostrado renuentes a actuar como árbitros en casos de supervisión legislativa y juicio político. En 1993, la Corte Suprema sostuvo que el juicio político era asunto del Congreso, no de los tribunales.

En ese caso, Walter Nixon, un juez federal que fue destituido y buscaba su reincorporación, argumentó que era el Senado en pleno, no un comité creado para recibir declaraciones y reunir pruebas, el que debía de haber evaluado las pruebas en su contra.

La corte rechazó unánimemente el argumento al sostener que el juicio político es una función del legislativo sobre la cual el poder judicial no tiene autoridad alguna.

En cuanto al cuestionamiento actual, según Vladeck, la carta de la Casa Blanca “no me parece un intento de presentar un análisis legal sobrio”.

Gregg Nunziata, un abogado de Filadelfia que fue apoderado jurídico y asesor del senador republicano Marco Rubio, dijo que la carta de la Casa Blanca no parecía estar escrita con la “buena fe tradicional en el toma y daca entre los poderes legislativo y ejecutivo”.

Consideró que se trata de un “ataque directo a la legitimidad misma del poder de supervisión del Congreso”.

“Los fundadores (de la nación) resolvieron deliberadamente colocar el poder de juicio político en una rama política en lugar de la Corte Suprema”, dijo Nunziata a The Associated Press. “Querían que fuese un proceso político y lo es”.

G. Pearson Cross, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Luisiana en Lafayette, dijo que la carta parecía servir como combustible arrojado sobre las brasas.

“Es una respuesta que parece alentar una crisis constitucional en lugar de desactivarla o apuntar a una estrategia tendiente a mitigar la situación”, dijo Cross.

Después de dos semanas de reacciones apáticas y vagas, la carta de la Casa Blanca fue como una declaración de guerra.

Es una estrategia riesgosa porque podría acicatear a los demócratas, generar cuestionamientos legales y permitir a los legisladores incluir entre las acusaciones en un juicio político el de obstrucción de la investigación.

Los demócratas han dicho que si la Casa Blanca no brinda la información que le piden, podrían incluir una acusación de obstrucción de justicia.

No está claro si los demócratas quieren iniciar una prolongada batalla legal con el gobierno en torno a los documentos y declaraciones de testigos o si prefieren pasar directamente a la elaboración de las acusaciones para un juicio político.

El presidente de la Comisión de Inteligencia de la cámara, Adam Schiff, quien encabeza la investigación sobre Ucrania, ha dicho que los demócratas “deberán decidir si litigan o cómo litigan”.

Pero no quieren que la lucha se prolongue durante meses, como aparentemente desea el gobierno de Donald Trump.

Un juez federal escuchó argumentos el martes acerca de si la cámara había iniciado una investigación formal a pesar de no haberla sometido oficialmente a votación y si se la puede caracterizar legalmente como un “procedimiento judicial”.

La distinción es importante porque si bien una declaración ante un jurado de instrucción es habitualmente secreta, una excepción autoriza al juez a revelarla en relación con un procedimiento judicial. Los legisladores demócratas han solicitado una declaración ante un jurado de instrucción sobre la investigación del fiscal especial Robert Mueller de la injerencia rusa al realizar el proceso investigador previo al juicio político.