Una coalición de estados liderados por demócratas está impugnando los despidos masivos de la administración Trump en el Departamento de Educación, afirmando que equivale a un desmantelamiento ilegal de una agencia creada por el Congreso.

En una demanda federal presentada el jueves en Massachusetts, 20 estados y Washington D.C. afirman que los despidos son tan severos que el departamento “ya no puede funcionar y no puede cumplir con sus requisitos legales”.

Se alega que los recortes resultarán en una pérdida o retraso de fondos federales para las escuelas públicas, y dejarán a la agencia incapaz de administrar la ayuda financiera para universidades o hacer cumplir las leyes de derechos civiles en las escuelas, entre otras interrupciones.

Un portavoz del departamento no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El departamento ha insistido anteriormente en que continuará cumpliendo con sus obligaciones legales, a pesar de los recortes.

Algunos empleados del Departamento de Educación han dejado sus puestos a través de ofertas de compensación y la terminación de empleados en período de prueba. Después de un despido de 1,300 personas anunciado el martes, el departamento se quedará con aproximadamente la mitad de los 4.100 que tenía cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo.

Trump ha dicho repetidamente que quiere cerrar la agencia, llamándola derrochadora y excesivamente influenciada por el pensamiento liberal.

La demanda sostiene que solo el Congreso tiene el poder de cerrar el departamento o desmantelar su trabajo fundamental.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, declaró que los recortes perjudicarán los servicios necesarios para los estudiantes y las familias.

“Este esfuerzo escandaloso por dejar atrás a los estudiantes y privarlos de una educación de calidad es imprudente e ilegal. Hoy estoy tomando medidas para detener esta locura y proteger nuestras escuelas y a los estudiantes que dependen de ellas”, afirmó James.