Un grupo defensor de los derechos civiles inició este miércoles una demanda contra 20 arrendadores y gestores de vivienda de Boston (Massachusetts) acusándoles de discriminación en perjuicio de los inquilinos de bajos ingresos.

“Esta demanda, que es la mayor por el tamaño de los demandados en la historia de Massachusetts, envía el mensaje claro a todos los arrendadores y gestores de vivienda en el estado”, afirmó Aaron carr, director ejecutivo de ‘Housing Rights Initiative’ (HRI).

La querella alega que los arrendadores y gestores involucrados “de forma desvergonzada se rehúsan a alquilar apartamentos a inquilinos de bajos ingresos que tienen cupones de vivienda subsidiada por el gobierno”

Esos cupones son conocidos comúnmente como ‘Section 8′, y la ley prohíbe esa discriminación.

Con una táctica usada desde hace décadas por los militantes de los derechos civiles HRI envió personas que, supuestamente, buscaban alquilar viviendas y que contactaron a arrendadores y gestores para hallar apartamentos disponibles.

“Una y otra vez los acusados y sus agentes respondieron de forma positiva hasta el momento en que los clientes preguntaron su podían usar los cupones”, señaló HRI. “Los acusados de manera abierta, e ilegal, dijeron que no aceptaban los cupones”.

La demanda, iniciada por el Grupo de Abogados por Derechos Civiles en el tribunal superior del Condado Suffolk, “no apunta solo a la veintena de acusados por su conducta deplorable”, señaló Jacob Love de esa organización.

“Sirve como una advertencia a todos los proveedores de vivienda locales en el sentido de que la discriminación por los cupones es ilegal y no se tolerará”, añadió.

Según HRI, estas prácticas desestabilizan y ponen en riesgo a las familias y “fortalece los patrones de vivienda segregada racialmente” por la cual los negros y latinos “están concentrados en áreas de bajos ingresos con menos recursos públicos”.