El Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó hoy, de manera unánime, que los nombramientos de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) son constitucionales y de esa manera resolvió el caso conocido como Aurelius, que intentaba retar la constitucionalidad del ente federal.

La decisión del Supremo federal revocó el fallo del año pasado del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, que había determinado que la manera en que se habían nombrado los miembros de la JSF, sin pasar por la confirmación del Senado como suele hacerse con otros nombramientos, era inconstitucional.

El juez asociado Stephen G. Breyer emitió la opinión principal, a la que se unieron el juez presidente John G. Roberts, y los jueces asociados Ruth Bader Ginsburg, Samuel A. Alito, Elena Keagan, Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh.

Los jueces asociados Clarence Thomas y Sonia Sotomayor emitieron sus propias opiniones, y aunque sus análisis varían, terminan coincidiendo con el fallo.

De manera resumida, el fallo concluye que en este caso no aplica la cláusula de nombramientos, que obligaría a una confirmación senatorial de los miembros de la JSF, porque el ente fiscalizador, según lo establece la propia ley Promesa, “es una entidad dentro del gobierno territorial”, y no puede considerarse como una entidad federal. Establece además que su alcance es uno limitado a Puerto Rico, si bien algunas de sus acciones puedan tener un impacto más allá del territorio.

Lee el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos: