WASHINGTON. Una coalición de grupos defensores de los inmigrantes demandó el miércoles al gobierno federal por la reciente directriz del presidente Joe Biden, que prácticamente suspende las solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, argumentando que no es muy distinta a una acción similar de la presidencia de Donald Trump que los tribunales bloquearon.

La demanda —presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros organismos a nombre de los grupos activistas Las Americas Immigrant Advocacy Center y el Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES)— representa la primera ocasión en que se pone a prueba la legalidad de las amplias restricciones de Biden en la frontera sur, que se produjeron tras meses de deliberaciones internas en la Casa Blanca y con las que se pretende en parte desviar los ataques al presidente por su manejo de la inmigración.

“Al implementar una prohibición al asilo que es jurídicamente indistinguible de la prohibición de Trump que bloqueamos con éxito, no tuvimos más opción que presentar esta demanda”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU.

La orden que Biden emitió la semana pasada limitaría la tramitación de solicitudes de asilo una vez que el número de encuentros con migrantes entre los puertos de entrada llegue a 2,500 al día. La medida entró en vigor de inmediato debido a que las últimas cifras disponibles eran mucho más altas, de aproximadamente 4,000 encuentros diarios.

Las restricciones permanecerán vigentes hasta dos semanas después que la cifra de esos encuentros diarios entre puertos de entrada se ubique en o por debajo de 1,500 al día durante un promedio de siete días. Pero está lejos de estar claro cuándo es que los números alcanzarían niveles tan bajos; la última vez fue en julio de 2020, durante la pandemia de COVID-19.

La orden entró en vigor el 5 de junio, y funcionarios del gobierno federal han dicho que anticipan que las deportaciones alcancen niveles sin precedentes

Pero los activistas argumentan que suspender el asilo para los migrantes que no lleguen por un puerto de entrada específico —algo que el gobierno de Biden está tratando que hagan— viola la actual ley federal de inmigración, entre otras inquietudes.

“Desde hace mucho tiempo Estados Unidos ha dado albergue a refugiados que buscan resguardarse de persecuciones. La Ley de Refugiados de 1980 consagró ese compromiso nacional dentro de una ley. A pesar de que en el transcurso de los años el Congreso ha implementado algunas limitaciones al derecho al asilo, nunca ha permitido que el poder ejecutivo prohíba categóricamente el asilo basándose en el lugar por el que una persona que no es ciudadana ingresa al país”, escribieron los grupos en la demanda.

Biden invocó la misma autoridad jurídica que utilizó el gobierno de Trump para su prohibición al asilo, que corresponde a la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esa disposición permite que un presidente limite la entrada de ciertos migrantes si su ingreso se considera “perjudicial” para los intereses del país.

Durante su campaña de reelección, Biden ha criticado en repetidas ocasiones las políticas migratorias de Trump, y su gobierno alega que esta directriz es distinta, ya que incluye varias exenciones por motivos humanitarios. Por ejemplo, las víctimas de tráfico de personas, los menores que viajan sin compañía de un adulto y aquellos con emergencias médicas graves no estarían sujetos a los límites.

“Defendemos la legalidad de lo que hemos hecho”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en declaraciones al programa “This Week” de la cadena ABC previas a que se interpusiera la demanda, y señaló que anticipa que haya impugnaciones.

Los grupos de defensa de inmigrantes argumentan en la demanda que las excepciones son “extremadamente limitadas”.

La Casa Blanca refirió las preguntas sobre la demanda al Departamento de Justicia, que se negó a comentar. Angelo Fernández Hernández, portavoz de la Casa Blanca, defendió la orden de Biden, señalando en un comunicado que era necesaria después que los republicanos del Congreso bloquearon un acuerdo bipartidista que “habría brindado recursos cruciales, cambios legales y personal adicional a la frontera”.

En virtud de la directriz de Biden, los migrantes que lleguen a la frontera y no expresen temor de volver a sus países de origen serán objeto de una deportación expedita de Estados Unidos, la cual se llevaría a cabo en cuestión de días o incluso horas. Estos migrantes podrían enfrentar penas que podrían incluir una prohibición hasta por cinco años para ingresar nuevamente al país o incluso un proceso penal.

En su demanda, los activistas argumentaron que el requerir que los migrantes expresen miedo —algo que a menudo se le llama manifestar miedo— pone la responsabilidad sobre los migrantes.

“En la práctica, los no ciudadanos que apenas cruzaron la frontera, y podrían estar hambrientos, exhaustos, enfermos o con experiencias traumáticas después de escapar de la persecución en sus países de origen y de los peligros en México, probablemente serán intimidados por agentes armados y uniformados de la Patrulla Fronteriza, y por lo tanto es improbable que ‘manifiesten’ su temor a ser enviados de regreso”, se indica en la demanda.

En tanto, los migrantes que expresen temor por su seguridad o la intención de solicitar asilo serán revisados por un funcionario de asilo estadounidense, pero bajo un estándar más estricto al actual. Si aprueban esa revisión, pueden solicitar formas más limitadas de protección humanitaria, incluidas aquellas contempladas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, la cual prohíbe enviar de regreso a las personas a un país en el que probablemente serán torturadas.

Los migrantes que empleen una app llamada CBP One mientras se encuentran en México para programar una cita con un funcionario en un cruce fronterizo oficial, ello con el objetivo de ingresar a Estados Unidos, están exentos de estas nuevas restricciones al asilo. La app forma parte de las labores del gobierno para alentar a los migrantes a utilizar vías legítimas para entrar al país, en lugar de simplemente cruzar la frontera y entregarse a un agente de la Patrulla Fronteriza.

Pero los activistas detallaron en su demanda una lista de quejas sobre la aplicación. Por ejemplo, muchos de los migrantes no cuentan con un plan de datos en sus celulares ni acceso a Wi-Fi para poder usarla. Algunos migrantes no hablan uno de los idiomas en los que viene la app, y algunos otros son analfabetas. Y además, sólo hay un número limitado de citas diarias, en comparación con el número de migrantes que quieren entrar al país.

“Como resultado, innumerables solicitantes de asilo se han visto obligados a esperar por tiempo indefinido en condiciones precarias en México con la esperanza de obtener una de las pocas citas”, asegura la denuncia.

Los otros grupos que interpusieron la demanda junto con la ACLU son el National Immigrant Justice Center, el Center for Gender & Refugee Studies, Jenner & Block LLP, la ACLU del Distrito de Columbia y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas.