Nueva York. La Casa Blanca colocó a dos agentes políticos en la principal agencia de salud pública de Estados Unidos para tratar de controlar la información que difunde sobre la pandemia del coronavirus, mientras el gobierno de Donald Trump busca ofrecer una perspectiva positiva a menudo enfrentada con la evidencia científica.

Las dos personas asignadas a la sede los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Atlanta en junio no tienen experiencia en salud pública. Recibieron la tarea de vigilar al doctor Robert Redfield, el director de la agencia, además de a los científicos, según media docena de funcionarios de los CDC y del gobierno que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos.

Los nombramientos fueron parte de un esfuerzo para introducir más “políticos” en los CDC y ayudar así a controlar su mensaje tras un puñado de filtraciones, dijo un funcionario gubernamental.

Cuando las dos personas se presentaron en Atlanta, sus funciones eran un misterio para el personal de mayor rango de la agencia, añadieron las fuentes. Ni siquiera tenían oficinas asignadas. Finalmente, Nina Witkofsky se convirtió en jefa de personal interina, un puesto influyente como mano derecha de Redfield. La otra, su adjunto Trey Moeller, comenzó a asistir a reuniones científicas, agregaron.

No está claro hasta qué punto estas dos personas han afectado al trabajo de la agencia, según entrevistas con varios funcionarios de los CDC. Pero los investigadores del Congreso están examinando esa misma cuestión tras acumular pruebas de interferencias políticas en las publicaciones científicas, documentos con lineamientos y publicaciones en internet de los CDC.

La Casa Blanca declinó realizar comentarios. Un vocero de los CDC confirmó que Witkofsky y Moeller estaban trabajando en la agencia reportando a Redfield, pero no hizo más comentarios.

En un correo electrónico enviado a la AP, Moeller apuntó que “trabajo para el doctor Redfield, quien está comprometido al 100% con la ciencia y con los miles de empleados con una increíble dedicación de los CDC”.

Durante pandemias anteriores como la del ébola, los CDC fueron la cara visible de la respuesta estadounidense a la crisis, ofreciendo consejos con base científica. La agencia jugó el mismo rol al inicio de la del COVID-19, pero tropezó en febrero tras los fallos en tests de detección del virus enviados a los estados. A finales de ese mes, una experta en enfermedades infecciosas de la agencia, la doctora Nancy Messonnier, molestó al gobierno al hablar con franqueza durante una rueda de prensa sobre los peligros del virus mientras Trump le restaba importancia.

En cuestión de semanas, la agencia desapareció de escena.

Pese a esto, los CDC siguieron recopilando información basada en la ciencia que choca con la narrativa de la Casa Blanca. En mayo, una serie de correos electrónicos filtrados y documentos científicos obtenidos por la AP detallaron cómo el gobierno enterró los detallados lineamientos de la agencia para la reapertura de comunidades en pleno auge de la pandemia. Las noticias resultantes enojaron al gobierno y avivaron los esfuerzos para ejercer un mayor control sobre los CDC, según funcionarios actuales y anteriores.

Antes de Witkofsky y Moeller, el gobierno de Trump había nombrado a otros para los CDC en Atlanta, que fueron vistos con cierta sospecha por el personal. Pero ninguno de sus predecesores estaba allí para informar de los asuntos internos de la agencia a Washington, señalaron los funcionarios.

Witkofsky y Moeller están en la lista de funcionarios que un subcomité de la Cámara de Representantes para la crisis del coronavirus quiere entrevistar dentro de una pesquisa iniciada a mediados de septiembre tras denuncias de que algunos miembros del gobierno de Trump impidieron que los CDC publicasen reportes científicos precisos durante la pandemia.

La aparente intervención y la presión política de la Casa Blanca y del Departamento de Salud y Servicios Humanos ha hecho que incluso los expertos científicos cuestionen algunas de las decisiones de la agencia.

“No confío en los (designados políticos) que han entrado en los CDC”, afirmó el doctor Rick Bright, un experto federal en vacunas que presentó una queja por irregularidades alegando que fue reasignado a un puesto menor porque se resistió a la presión política de permitir el uso generalizado de la hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria que Trump promovió como tratamiento contra el COVID-19.

“Esto es absolutamente aterrador”, añadió. “(Esto) lleva a señales contradictorias a la población. Y creo que está incrementando la magnitud y la duración de toda esta pandemia”.