Washington. Desde mensajes telefónicos entre amigos a la búsqueda en Google de un centro de salud reproductiva: Los datos de los usuarios que almacenan las compañías tecnológicas pueden ser usados en Estados Unidos para acusar de un delito, incluido el de abortar en los territorios donde está prohibido.

La entrega a un juez de un chat privado en Facebook que sirvió para una acusación de aborto en Nebraska levantó las alarmas en este país que carece de una ley de protección de datos. Y esto se produce en un momento en el que muchos estados están restringiendo el aborto o lo están prohibiendo después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acabara con la protección constitucional de este derecho reproductivo.

Las aplicaciones, las páginas web y los propios dispositivos móviles recopilan una gran cantidad de información de los usuarios a las que las autoridades en EE.UU. pueden tener acceso, debido a que no existen leyes federales o estatales que regulen estrictamente la privacidad de estos datos.

Basta con una orden judicial para que las compañías tecnológicas entreguen a la Policía información que puede “revelar directamente información muy sensible” o darla a entender, “como por ejemplo si una persona estuvo embarazada”, explicó a Efe Caitlin Chin, investigadora del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales.

En los últimos años, las autoridades estadounidenses han acudido cada vez más al sector privado para obtener información.

Los datos más recientes son de entre enero y julio de 2021, periodo en el que Facebook, Apple y Google recibieron más de 123.000 solicitudes de datos por parte de fuerzas del orden en EE.UU. y entregaron información en la mayoría de los casos, según informes de transparencia publicados por las empresas.

Debido a la ausencia de una regulación federal de protección de datos cuando las compañías tecnológicas reciben una orden judicial para entregarlos “no tienen otra opción que acatar”, subrayó Chin.

El caso en Nebraska, donde Facebook entregó los mensajes privados entre una mujer y su madre en un caso sobre aborto, no es el primero.

En 2017, Lattice Fisher, una mujer de Misisipi, fue acusada de homicidio en segundo grado por abortar. Una de las principales pruebas en su contra fue una entrada en su historial de búsqueda de pastillas Misoprostol, un fármaco usado para provocar el aborto.

“La información más poderosa que más ha sido instrumentalizada en contra de las personas son sus propios pensamientos (…) lo que ponen en un mensaje de texto o lo que escriben en un buscador”, dijo a Efe Cynthia Conti- Cook, abogada especializada en derechos civiles.

Las autoridades también pueden saltarse a los intermediarios. Según un informe de la ONG Upturn, miles de departamentos de Policía del país usan herramientas forenses que les permiten extraer la totalidad de los datos de un dispositivo móvil, y en muchos casos no esperan a obtener una orden judicial para inspeccionar los celulares.

En el Congreso de EE.UU. ha habido varios intentos sin éxito de aprobar normativas que aumenten el derecho a la intimidad y limiten el uso que se puede hacer de los datos recopilados en redes o en los dispositivos móviles.

“No hay mucho que puedas hacer para protegerte que no sea lanzar tu teléfono móvil al mar. Y esa no es una opción para muchos de nosotros”, dijo a Efe India McKinney, directora de Asuntos Federales en la fundación Electronic Frontier.

Usar servicios de mensajería encriptados (como Signal o WhatsApp), buscadores que protegen la privacidad como Brave o DuckDuckGo y restringir la habilidad de las aplicaciones móviles para rastrear la ubicación son algunas de las medidas que la fundación Electronic Frontier ofrece a las personas que busquen abortar en el país.

Sin embargo, subrayó McKinney, “no debería recaer en los usuarios encontrar modos para protegerse a sí mismos; deberíamos poder tener un sistema que, de entrada, proteja los datos”.

Las empresas de tecnología, coincidieron las expertas consultadas por Efe, también deberían revaluar la cantidad y el tipo de información que recopilan. “Necesitamos límites sobre cómo las compañías coleccionan y almacenan información sobre los individuos”, resaltó Chin.

Incluso, proponen que se guarden menos datos de los usuarios para poder protegerlos: “Si no almacenan los datos que las autoridades quieren, entonces no tienen nada que entregarles cuando se los soliciten”, dijo McKinney.