Una nueva política del gobierno de Joe Biden anunciada el martes ofrecerá a aproximadamente medio millón de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal, pero están casados con ciudadanos estadounidenses, una vía para la naturalización de ellos y sus hijos.

Es una de las políticas de inmigración más radicales del presidente, y una que los defensores de los inmigrantes habían presionado mucho al gobierno para que adoptara.

Un vistazo a la nueva política, a quién puede beneficiar y cómo:

¿Cómo funcionaban las cosas antes?

Según la ley de inmigración de Estados Unidos, si un estadounidense se casa con un no ciudadano, pero vive en Estados Unidos, puede ser un proceso sencillo para que el cónyuge solicite la residencia permanente, llamada “green card”.

Pero si el cónyuge lleva mucho tiempo viviendo ilegalmente en Estados Unidos, el proceso se complica mucho más.

A menudo tienen que salir y presentar la solicitud desde su país de origen. Dependiendo del tiempo que la persona haya vivido en Estados Unidos sin autorización, podría tener que permanecer en el extranjero entre tres y 10 años antes de solicitar el regreso. Pueden solicitar una exención para evitar esperar tanto tiempo en el extranjero, pero conseguir una exención también supone una media de tres años y medio.

Tienen que salir del país, presentar la solicitud en un consulado —donde las esperas pueden ser largas— y obtener la autorización para regresar a Estados Unidos.

“Existe el riesgo de una separación prolongada, sobre todo si las cosas van mal”, señaló Elizabeth Taufa, abogada y estratega política del Immigrant Legal Resource Center.

Ante la perspectiva de dejar a sus familias en Estados Unidos por un proceso largo que podría no funcionar, muchos deciden quedarse y vivir escondidos.

¿Cómo está cambiando Biden la política de inmigración?

Con la nueva política, muchos cónyuges sin estatus legal pueden ahora solicitar la residencia permanente legal sin salir de Estados Unidos y, con el tiempo, obtener una vía hacia la naturalización. Pero no se trata de una aprobación automática.

Para ser elegibles, las personas tienen que haber vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años, no suponer una amenaza para la seguridad y haberse casado antes del 17 de junio de 2024. Tendrán que solicitarlo al Departamento de Seguridad Nacional, que estudiará las solicitudes caso por caso, según escribió el departamento en una hoja informativa en la que describe la nueva política. Los cónyuges inmigrantes no pueden haber sido admitidos o autorizados a entrar en el país con anterioridad.

Según el anuncio de Biden, se investigará a los solicitantes en cuanto a su historial de inmigración, antecedentes penales y otros aspectos, incluido el posible fraude.

Una vez que el Departamento de Seguridad Nacional apruebe la solicitud, la persona dispondrá de tres años para solicitar la residencia permanente y podrá obtener una autorización de trabajo de hasta tres años.

Alrededor de 1.1 millones de inmigrantes sin estatus legal están casados con ciudadanos estadounidenses en Estados Unidos, según la organización de defensa de la inmigración FWD.us. El gobierno cree que, en última instancia, alrededor de la mitad de esa cifra —unos 500,000— podrían acogerse a este programa, además de unos 50,000 de sus hijos.

En promedio, los cónyuges han vivido en Estados Unidos poco más de dos décadas, dijo la Casa Blanca. Un alto funcionario del gobierno dijo durante una llamada para informar a los periodistas que esperan que la mayoría de las personas que se beneficien del programa sean de México.

¿Cómo encaja esto con otras políticas de inmigración de Biden?

En el último año y medio, el gobierno de Biden ha seguido una estrategia doble en materia de inmigración y seguridad fronteriza.

Por un lado, Biden ha hecho mucho más difícil obtener asilo en la frontera sur y ha intensificado las expulsiones de quienes no cumplen los requisitos para quedarse. Los defensores de los migrantes criticaron la decisión de Biden de este mes de interrumpir la tramitación de solicitudes de asilo cuando se alcance un determinado número de llegadas diarias a la frontera sur.

Por otra parte, el gobierno ha tomado una serie de medidas para admitir a personas en el país.

El ejemplo más claro es el programa creado el año pasado por el gobierno, que permite a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela llegar a Estados Unidos si cuentan con un patrocinador financiero, superan un control de antecedentes y vuelan a un aeropuerto estadounidense. A finales de abril, 434,800 personas de esos cuatro países habían llegado a través de ese programa.

Muchos defensores han presionado al gobierno para que haga más por los migrantes que llevan décadas viviendo ilegalmente en Estados Unidos.

¿Qué cambia en el programa para “dreamers”?

Aparte de la política para los cónyuges de migrantes, el gobierno también anunció cambios diseñados para ayudar a aquellos en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) a calificar más fácilmente para visados de trabajo establecidos desde hace tiempo.

El gobierno de Obama ofreció en 2012 protecciones contra la deportación y permisos de trabajo temporales a las personas que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños. Muchos de ellos, conocidos como “dreamers”, son ahora padres.

Muchas empresas que emplean a beneficiarios de DACA pueden solicitar para ellos una visa de trabajo, que es más estable y proporciona una vía para la residencia permanente, dijo Dan Berger, un investigador de asuntos migratorios en la Facultad de Derecho de Cornell, cofundador de Path2Papers, una organización que ayuda a los “dreamers” a tramitar visas de trabajo y otras formas de conseguir la residencia legal permanente.

Pero para obtener la visa de trabajo, el beneficiario de DACA debe viajar al extranjero, solicitar y obtener una exención para volver a entrar en Estados Unidos. Berger dijo que el proceso de exención es muy lento y ofrece poca orientación, por lo que los empleadores y los beneficiarios de DACA no están ansiosos por intentarlo.

“Tener una orientación clara y una expectativa clara es realmente útil”, señaló.

¿Qué sigue?

El Departamento de Seguridad Nacional tiene que elaborar directrices sobre cómo funcionará el programa para cónyuges. El programa entrará en vigor a finales del verano, según declaró Biden durante un acto celebrado el martes.

Corresponderá a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional, tramitar todas las solicitudes. Históricamente, esta agencia ha tenido problemas de financiación para reducir los retrasos y los tiempos de espera.

Los republicanos y los que se oponen a la inmigración han criticado intensamente la propuesta, y es casi seguro que los opositores presentarán demandas para intentar detenerla.