El gobernador Ron DeSantis ha seguido los ejemplos autócratas de los gobiernos de Rusia y China, dijo un grupo de altos exfuncionarios del gobierno —en su mayoría republicanos_, y calificó la toma del distrito de Disney World por parte del gobernador de Florida como “sumamente perjudicial para la estructura política, social y económica del estado”.

El grupo de exgobernadores, ex legisladores de la Cámara de Representantes federal y ex funcionarios presidenciales presentó el miércoles una moción amicus curiae en la demanda federal de Disney contra DeSantis y los funcionarios que nombró para la junta del distrito que rige a Disney World. La demanda de Disney dice que el gobernador republicano violó los derechos de la compañía a la libertad de expresión al tomar el control del distrito después de que Disney se opuso públicamente a la llamada ley “No digas gay”, la cual prohibió las lecciones sobre orientación sexual e identidad de género en las aulas de educación primaria.

El objetivo del informe del grupo presentado la semana pasada es demostrar “cómo es que el camino que el gobernador ha elegido es corrosivo para la forma de democracia concebida por la Constitución, y enfatizar una vez más el crucial papel constitucional que desempeña esta corte para frenar los excesos que comete el gobierno por medio de la aplicación de represalias”, según los documentos presentados ante el tribunal.

En particular, el grupo asegura que las acciones de DeSantis perjudican económicamente a Florida debido a que las compañías resultan desalentadas de hacer negocios en el estado, ya que podrían quedar sujetas a las medidas de represalia del gobernador en caso de que expresen su desacuerdo con sus políticas. El grupo resaltó que Disney canceló sus planes para la construcción de un campus de 1,000 millones de dólares en Orlando que habría reubicado a 2.000 empleados desde el sur de California, luego de un año de ataques por parte de DeSantis.

El grupo está integrado por dos exgobernadores republicanos, Christine Todd Whitman de Nueva Jersey y Arne Carlson de Minnesota; tres exlegisladores republicanos de la Cámara de Representantes federal, Tom Coleman de Missouri, Claudine Schneider de Rhode Island y Christopher Shays de Connecticut; y una serie de abogados, comisionados, jefes de despacho y otros funcionarios de gobiernos presidenciales anteriores, tanto republicanos como demócratas.

DeSantis tomó sus acciones en represalia para desalentar a Disney y a otros de expresar rechazo a sus políticas en el futuro, dijeron los funcionarios, quienes compararon lo que hizo con los actos autócratas de Rusia y China.

“El hecho de que el gobernador DeSantis haya tomado estas acciones antidemocráticas de forma tan flagrante y descarada — que está orgulloso de ellas — sólo hace que sean más perjudiciales para la estructura política y social de Florida y del país entero”, aseguraron.

El domingo por la mañana se le envió un correo electrónico a un portavoz de la oficina del gobernador en Tallahassee para solicitarle sus comentarios. La Comisión de Reporteros para la Libertad de Prensa también ha presentado un documento en apoyo a Disney, argumentando que un triunfo del gobernador de Florida envalentonaría a gobiernos de todo el país a tomar acciones contra periodistas y otros medios de comunicación cuando ellos ejerzan sus derechos establecidos en la Primera Enmienda constitucional.

DeSantis, aspirante a la nominación presidencial del Partido Republicano para 2024, intenta que se desestime la demanda de Disney en un tribunal federal de Tallahassee. El gobernador arguye que Disney tiene prohibido presentar una demanda debido a la inmunidad legislativa que protege a los funcionarios involucrados en el proceso de crear las leyes, y que la compañía carece de legitimación procesal porque no puede demostrar que ha resultado perjudicada.

Los funcionarios nominados por DeSantis tomaron control del distrito de Disney World este año luego de una disputa de un año entre la empresa y el gobernador. El desacuerdo comenzó el año pasado después de que Disney, asolado por presión interna y externa significativa, se opuso públicamente a una ley estatal que prohíbe impartir lecciones en las aulas sobre orientación sexual e identidad de género en los primeros años escolares, una medida que sus detractores llaman “No digas gay”.

En castigo, legisladores republicanos aprobaron una iniciativa para reconfigurar el distrito, y DeSantis nombró a una nueva junta de supervisores para gestionar los servicios municipales de los enormes parques temáticos y hoteles. Disney demandó a DeSantis y a las cinco personas que designó para la junta ante un tribunal federal, diciendo que el gobernador violó los derechos de libre expresión de la compañía al tomar represalias.

Antes de que la nueva junta asumiera sus funciones, Disney llegó a acuerdos con los miembros anteriores de la junta que estaban a favor de Disney, los cuales les quitaron a los nuevos supervisores sus facultades en cuanto a diseño y desarrollo. Los integrantes designados por DeSantis para el gobierno del distrito han interpuesto una demanda contra Disney en una corte estatal, en un segundo caso resultante de la toma del distrito, con el objetivo de invalidar dichos acuerdos.