Un hombre de Arizona vendió armas de fuego a un agente encubierto del FBI que creyó que le ayudaría a llevar a cabo un tiroteo masivo contra minorías étnicas de Estados Unidos, un ataque con el que esperaba “incitar una guerra racial”, según la acusación federal formulada por un jurado investigador.

Mark Adams Prieto fue acusado el martes por el jurado investigador de Arizona de tráfico de armas de fuego, transferencia de un arma de fuego para su uso en un delito de odio y posesión de un arma de fuego no registrada.

En los registros judiciales no figuraba ningún abogado que pudiera hacer comentarios en nombre de Prieto. Un abogado que representó brevemente a Prieto después de su detención el mes pasado en el estado vecino de Nuevo México no respondió el miércoles a una solicitud de comentarios.

Según la acusación, Prieto, de 58 años de edad, oriundo de Prescott, Arizona, reclutó al agente encubierto del FBI y a un informante en una feria de armas donde se desempeñaba como vendedor.

Según la acusación, Prieto les dijo que llevaba tiempo pensando en llevar a cabo una matanza de grupos minoritarios para “incitar una guerra racial” antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Prieto posteriormente señaló un concierto de rap que se llevaría a cabo en Atlanta, a mediados de mayo, como el lugar donde se perpetraría el ataque, según la acusación.

Según la acusación, la planificación del tiroteo comenzó en enero y se llevó a cabo durante varios meses en ferias de armas de Arizona, incluidas las de Phoenix y Tucson. En las ferias de armas, según la acusación, Prieto vendió al agente del FBI dos rifles que iban a utilizarse en el tiroteo.

Prieto fue detenido en Nuevo México el 14 de mayo —fecha cercana a la del concierto de Atlanta— mientras manejaba hacia el este desde Arizona. Las autoridades dijeron que encontraron siete armas de fuego en el interior de su vehículo.

Tras su detención, según consta en los registros judiciales, un juez de distrito de Nuevo México ordenó que Prieto permaneciera bajo custodia federal, ya que “la gravedad del peligro para la comunidad es extrema” si se le deja en libertad.