Washington. El Tribunal Supremo decidió hoy bloquear las normas de Gobierno del presidente Barack Obama para limitar las emisiones de plantas eléctricas que utilizan carbón.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el Supremo invalidó la normativa de emisiones de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) por no tener en cuenta en sus determinaciones el coste en que incurrirían las eléctricas.

La nueva normativa, aprobada en 2011 y en marcha desde el pasado abril, limitaba por primera vez las emisiones de mercurio, arsénico y gases ácidos de las plantas térmicas que utilizan carbón.

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Los oponentes de la industria energética estadounidenses criticaban las regulaciones por ser una de las más onerosas jamás impuestas al sector.

La EPA estimaba que la regulación costaría unos $9,600 millones y reportaría entre $37,000 y $90,000 millones en beneficios a largo plazo, además de prevenir 11,000 muertes prematuras y 130,000 casos anuales de asma.

El Supremo, máxima instancia judicial del país, determinó que la EPA incumplió la ley "Clen Air" al no tener en cuenta los costes de las nuevas normas en la industria, algo que la EPA dijo que no sería determinante a la hora de imponer nuevas regulaciones.

Los jueces del Supremo se dividieron está vez entre los cuatro de corte liberal (Elena Kagan, Sonia Sotomayor, Stephen Breyer y Ruth Bader Ginsburg) y los cinco de corte conservador (Antonin Scalia, John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito y Anthony Kennedy)

La opinión de los magistrados a favor de mantener las regulaciones argumentaba que el EPA sí tuvo en cuenta los costes de la implementación en una fase posterior de la tramitación de la normativa.

Desde que se pusieron en marcha las nuevas normas de emisiones de plantas térmicas, la mayoría de eléctricas han cerrado o adaptado sus instalaciones para ponerse al día con los requerimientos.

Ahora, la EPA puede volver a emitir una nueva regulación teniendo en cuenta desde el comienzo el análisis coste-beneficios.

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La Asociación Nacional de Minería celebró hoy en un comunicado que se haya impuesto "el sentido común que se ha perdido en la mayoría de las regulaciones de esta Administración".

Por su parte, el Fondo de Defensa Medioambiental dijo que esta decisión es "desafortunada" y pone a familias en peligro.