Agencia investiga si Biden violó la ley al suspender la construcción del muro
La orden suspendía las obras por 60 días mientras se evaluaba la legalidad de los fondos obtenidos por la Administración Trump para financiarlas.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 3 años.
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Washington. Más de 70 legisladores republicanos se han sumado a un pedido para que la Contraloría General (GAO, en inglés) investigue si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, violó la ley cuando ordenó la suspensión de pagos en la construcción del Muro de la Frontera iniciado por su predecesor, Donald Trump.
Varios republicanos en el Senado habían hecho el mismo pedido la semana pasada, y GAO, que es una agencia independiente y no partidista, tiene la obligación de responder a las solicitudes de investigación hechas por el Congreso.
El senador Roy Blunt, republicano de Missouri, dijo que Biden, quien fue miembro del Senado por más de 30 años, “sabe que es tarea del Congreso la autorización de cómo se gasta el dinero y que la tarea del presidente es gastarlo de manera eficiente”.
Esta posición de los republicanos contrasta con la que mantuvieron cuando, a fines de 2018, Trump, irritado porque el Congreso no le asignaba los fondos que pedía para su Muro en la frontera, optó por tomar fondos asignados por el Congreso para gastos militares, y los pasó a la construcción fronteriza.
Al asumir la presidencia el 20 de enero, Biden ordenó la suspensión, que está a punto de concluir, tanto de tareas como de pagos relacionados con el Muro, y ordenó que no se firmasen nuevos contratos para ese proyecto hasta que su gobierno tome decisiones finales.
La orden suspendía las obras por 60 días mientras se evaluaba la legalidad de los fondos obtenidos por la Administración Trump para financiarlas, especialmente los recursos desviados del Departamento de Defensa para este propósito.
Los senadores dijeron, en su solicitud a la GAO, que la decisión de Biden “transfiere miles de millones de dólares debidamente asignados para que queden estancados, sin uso por el gobierno” y que ello viola una ley de 1974 que limita las atribuciones presidenciales para alterar la financiación asignada por el Congreso.