Los abogados de Hunter Biden quieren mantener parte de un acuerdo de culpabilidad que alcanzaron con el fiscal cuyo nuevo estatus de fiscal especial ha intensificado la investigación sobre el hijo del presidente estadounidense Joe Biden.

El abogado de Biden alegó en documentos entregados a la corte que el acuerdo que lo libraba de ser procesado por un delito grave de posesión de armas sigue en vigor, aunque el acuerdo de culpabilidad por delitos fiscales menores se vino abajo durante una comparecencia ante el tribunal el mes pasado.

El abogado del hijo del presidente argumentó que el Departamento de Justicia decidió “renegar” de su parte del acuerdo sobre los cargos fiscales. El acuerdo sobre el cargo de posesión de armas también contiene una cláusula de inmunidad frente a procesos federales por otros posibles delitos.

Biden planea cumplir los términos de ese acuerdo, entre ellos no consumir drogas ni alcohol, dijo el abogado Christopher Clark en documentos judiciales presentados el domingo por la noche. Los fiscales, que “dictaron en gran medida” el acuerdo tras invitarlos a iniciar las negociaciones en mayo, también deberían estar obligados a cumplirlo, argumentó.

No está claro si los fiscales están de acuerdo en que el trato sobre el cargo de posesión de armas siga siendo válido. La jueza de distrito Maryellen Noreika les ordenó que respondieran para el martes. El Departamento de Justicia no respondió de momento a un mensaje enviado en busca de comentarios.

Se suponía que el acuerdo en dos partes sobre los cargos fiscales y de posesión de armas había cerrado en gran medida la larga investigación supervisada por el fiscal federal de Delaware, David Weiss. Sin embargo, el acuerdo fracasó después de que una jueza planteara dudas sobre sus términos y parecía haberse desmoronado por completo cuando los fiscales dijeron el viernes en documentos judiciales que el caso se dirigía a juicio.

Los fiscales revelaron el estancamiento cuando el secretario de Justicia Merrick Garland nombró a Weiss como fiscal especial, un estatus que confiere amplios poderes para investigar e informar sus conclusiones.