El lunes, la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca reformar las elecciones del país enfrentó sus primeros recursos legales cuando el Comité Nacional Demócrata y un par de organizaciones sin fines de lucro presentaron dos demandas separadas calificando la orden de inconstitucional.

El Campaign Legal Center (CLC) y el Fondo de Defensores de la Democracia Estatal presentaron la primera demanda el lunes por la tarde. El Comité Nacional Demócrata, la Asociación de Gobernadores Demócratas y los líderes demócratas del Senado y la Cámara de Representantes siguieron poco después con su propia queja.

Ambas demandas presentadas en el tribunal federal de distrito para el Distrito de Columbia solicitan al tribunal que bloquee la orden de Trump y la declare ilegal.

A continuación 7 datos sobre el decreto firmado por el presidente estadounidense:

1- Establece un nuevo sistema de registro para votantes.

2- Para que un elector pueda registrarse en ese sistema, requeriría mostrar prueba de su ciudadanía. Entre esas pruebas sería aceptado, por ejemplo, el pasaporte.

3- Establece que los estados deberán compartir información de ciudadanos con agencias como el Departamento de Justicia, para identificar y acusar no ciudadanos que “busquen votar”.

4- La orden amenaza con quitar fondos federales a los estados y territorios donde los funcionarios electorales no cumplan con esta orden.

5- Impondría cambios en el voto por correo. Más de una decena de estados aceptan recibir papeletas de votos después del día de las elecciones, siempre y cuando estén selladas y ponchadas por los organismos correspondientes. Eso ya no sería permitido. La orden indica que las papeletas serían solo aceptadas hasta el día en que se celebre la elección.

6- Prohíbe ciertos equipos electrónicos electorales, como los que utilizan QR Code. Esto obligaría a muchos estados a tener que invertir millones de dólares en nuevos equipos.

7- Establece que los estados tendrían que pasar información sobre sus procesos y votantes al Departamento de Eficiencia Gubernamental, que lidera actualmente Elon Musk.

Creen que la orden es inconstitucional

Danielle Lang, directora senior de derechos de voto en el Campaign Legal Center con sede en D.C., afirma: “La orden ejecutiva del presidente es una acción ilegal que amenaza con desarraigar nuestros sistemas electorales probados y silenciar potencialmente a millones de estadounidenses. Simplemente no está dentro de la autoridad del presidente establecer reglas electorales por decreto ejecutivo, especialmente cuando restringirían el acceso al voto de esta manera”.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Se esperaban los recursos legales después de que abogados electorales advirtieran que algunas de las demandas de Trump en la orden, incluido un requisito de prueba de ciudadanía para el registro de votantes y nuevas reglas de plazo para las boletas, podrían violar la Constitución de Estados Unidos.

La orden también afirma un poder que, según expertos legales, el presidente no tiene sobre una agencia independiente. Esa agencia, la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, establece pautas voluntarias para el sistema de votación y mantiene el formulario federal de registro de votantes.

Ambos recursos legales llaman la atención sobre la “Cláusula de Elecciones” de la Constitución, que dice que los estados, no el presidente, deciden los “tiempos, lugares y manera” de cómo se llevan a cabo las elecciones. Esa sección de la Constitución también otorga al Congreso el poder de “hacer o alterar” las regulaciones electorales, al menos para cargos federales, pero no menciona ninguna autoridad presidencial sobre la gestión de las elecciones.

Lang señala: “La Constitución es clara: los estados establecen sus propias reglas del juego cuando se trata de elecciones, y solo el Congreso tiene el poder de anular estas leyes con respecto a las elecciones federales”, calificando la orden ejecutiva de “extralimitación ejecutiva inconstitucional”.

Las demandas también argumentan que la orden del presidente podría privar de sus derechos a los votantes. La demanda de las organizaciones sin fines de lucro nombra a tres organizaciones de defensa de los votantes como demandantes que alegan están perjudicadas por la orden ejecutiva de Trump: la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la Iniciativa de Familias Seguras y la Asociación de Estudiantes de Arizona.

La demanda del Comité Nacional Demócrata destaca el papel del controvertido brazo de reducción de costos del gobierno, el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Alega que los requisitos de intercambio de datos de la orden, que incluyen instruir al DOGE para que cruce datos federales con listas de votantes estatales, violan los derechos de privacidad de los demócratas y aumentan el riesgo de que sean acosados “basándose en sospechas falsas de que no están calificados para votar”.

Una declaración de los demandantes dice: “Esta orden ejecutiva es una apropiación de poder inconstitucional de Donald Trump que ataca el voto por correo, entrega al DOGE información personal sensible y dificulta que los estados realicen sus propias elecciones libres y justas”.

Trump, uno de los principales difusores de falsedades electorales, ha argumentado que esta orden ejecutiva asegurará el voto contra el voto ilegal por parte de no ciudadanos. Múltiples estudios e investigaciones en estados individuales han demostrado que es muy raro que los no ciudadanos voten en elecciones federales, lo que ya es un delito grave.