La aerolínea estadounidense de bajo coste Spirit Airlines, que se declaró en quiebra en noviembre pasado, está generando titulares ahora con sus nuevas reglas sobre tatuajes y vestimenta a bordo que pueden dejar en tierra a más de un pasajero.

El nuevo “código” prohíbe viajar en los aviones de Spirit Airlines a pasajeros descalzos, los que vistan ropa que deje ver demasiado, expongan a la vista partes íntimas o muestren al aire tatuajes que sean ofensivos, lujuriosos u obscenos, según los medios que se han hecho eco de la noticia, como CNN o el canal KSAT.

Los que no lleven zapatos o usen “ropa inadecuada” no podrán poner un pie en el avión, señalan los medios.

Estas medidas forman parte de las nuevas normas para los pasajeros, que no solo abarcan cómo se presente vestido el viajero sino también lo que haya tomado antes de abordar (alcohol o drogas), si padece una enfermedad contagiosa o si su conducta es violenta o desordenada e interfiere en el trabajo de la tripulación.

Al respecto establece que el pasajero debe estar dispuesto o ser capaz de estar sentado en un asiento y con el cinturón puesto durante el vuelo.

Los medios recuerdan que ya meses antes de la actualización de estas normas Spirit Airlines había impedido tomar un vuelo a dos jóvenes pasajeras que llevaban camisetas con el abdomen al aire y a un joven que llevaba una sudadera con capucha con una leyenda impresa que contenía una palabra malsonante.

A mediados de este mes la compañía con sede en Dania Beach (Florida) anunció la eliminación de unos 200 puestos de trabajo en varios departamentos con el objetivo de reducir gastos después de declararse en quiebra el pasado noviembre.

En un intento de reducir costes, la aerolínea ya había despedido previamente a cientos de pilotos y también había ofrecido licencias a las azafatas y auxiliares de vuelo, ademas de reducir su red y llegar a acuerdos para vender parte de su flota de aviones Airbus para recaudar fondos.

Spirit Airlines atraviesa una crisis financiera desde que Jetblue rompió un acuerdo de compra por 6,600 millones de dólares; previamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se había opuesto al acuerdo de compra por infringir las leyes antimonopolio.