Las decenas de miles de personas que están en procesos de quiebra en Puerto Rico pueden recibir las diversas ayudas estatales y federales disponibles para los ciudadanos ante el golpe económico que han causado las medidas de gobierno para frenar la pandemia del coronavirus COVID-19, según fuentes oficiales y conocedores entrevistados.

Estas son buenas noticias para los entre 7,500 a 10,000 ciudadanos que anualmente solicitan quiebra en Puerto Rico, explicó Wilbert López Moreno, presidente de la comisión de quiebras del Colegio de Abogados hace unos 10 años y profesor del tema en la clínica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

López Moreno, abogado con más de 30 años de experiencia en estos casos dijo que las personas en quiebra que ya tienen un “plan de pago” no pagarán dinero adicional por el dinero que reciban de ayuda federal o estatal, similar a como ocurre hoy día con muy pocos ingresos, como el seguro social y algunas ayudas para veteranos.

Ayer, la Oficina del Síndico, adscrita al Departamento de Justicia de Estados Unidos, emitió un aviso público donde aclara que los cheques federales de $1,200 por adulto y $500 por niño, aprobados por la ley federal CARES, “no deben ser incluidos en el cálculo del deudor” a las personas acogidas o que se vayan a acoger a la ley de quiebra federal, esto al amparo de la sección 1113(b)(1) del estatuto firmado recientemente por el presidente Donald Trump.

“El dinero que reciban pueden usarlo en lo que entienda necesario, pero para efectos míos (con esa disposición de la ley) es como si nunca lo hubieran recibido”, indicó López.

Las ayudas para individuos en medio de la pandemia no se limitan al cheque federal. Por ejemplo, la gobernadora Wanda Vázquez anunció el envío de cheques de $500 a personas que trabajen por cuenta propia, y hay otras ayudas que están otorgando municipios a sectores comerciales particulares.

Entrevistados por separado, los dos síndicos de Puerto Rico que trabajan con casos de quiebra en su modalidad de reorganización de individuos dijeron que tampoco incluirán en los cómputos de quiebra cualquier ayuda estatal designada para alivio ante la pandemia del COVID-19 que reciban ciudadanos en bancarrota.

“No vamos a ser un obstáculo para que la gente eche hacia adelante”, dijo el síndico José Carrión.

“Yo no lo voy a perseguir. Lo voy a dejar a los deudores para resolver sus problemas… la idea es ayudar al deudor”, agregó Carrión. “Estamos todos en el mismo bote”.

Por su parte, el síndico Alejandro Oliveras dijo que la ley federal CARES se aprobó para de forma global paliar la crisis económica que produce el virus, ejemplificada primordialmente por la inhabilidad de las personas ir a trabajar, y que provee unas ayudas económicas a los individuos, incluyendo los cheques. Esta ley enmienda a la que crea el Código de Quiebras de Estados Unidos para determinar que esas ayudas “no se consideren como ingreso para propósito, número uno, de determinar el ingreso mensual corriente para propósito de elegibilidad, y dos, para que tampoco se considera como parte del ingreso disponible de los individuos que de otro modo se utilizaría para determinar las cantidades a pagar a los acreedores”.

“Interesantemente, la enmienda propiciada por la ley federal habla de subsidios federales. Guarda silencio sobre las ayudas estatales. Por lo menos en mi carácter personal, yo lo voy a tratar igual que va a ser una ayuda federal, por lo tanto va a a estar excluido… creo que es apropiado, un buen paso, es un alivio las ayudas realmente no son extraordinarias y aunque sea poco sigue siendo un alivio”, indicó Oliveras.

Estos son los únicos síndicos en la isla de las quiebras por reorganización de individuos, y tiene unos 16,000 casos activos, dijo Oliveras. Precisó que esto no incluye quiebras de empresas, del sector agrícola o liquidaciones, que serían una cantidad adicional.

Oliveras dijo que no hay que acudir al tribunal con moción alguna para beneficiarse de estas ayudas estatales y federales. Agregó que lo que sí requiere moción a través de abogado es otra herramienta que provee CARES para la persona quebrada, y es la alternativa de extender el plan de pago hasta dos años adicionales, alegando como base los daños económicos relacionados al COVID-19.

Ambos síndicos dijeron que, aunque con personal esencial y con limitaciones, la corte de quiebras se mantiene en operaciones en este periodo de emergencia.