Walgreens acordó pagar hasta 350 millones de dólares en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acusó a la cadena de farmacias de surtir ilegalmente millones de recetas en la última década para opioides y otras sustancias controladas.

Según el acuerdo alcanzado el pasado viernes, la cadena nacional de farmacias deberá pagar al gobierno al menos 300 millones de dólares y deberá abonar otros 50 millones si la empresa es vendida, fusionada o transferida antes del año 2032.

La demanda del gobierno, presentada en enero ante el Tribunal de Distrito del Norte de Illinois, alega que Walgreens surtió conscientemente millones de recetas ilegales para sustancias controladas entre agosto de 2012 y marzo de 2023. Estas incluyen recetas con cantidades excesivas de opioides y otras que fueron surtidas con mucha anticipación.

“Estamos en fuerte desacuerdo con la teoría legal del gobierno y no admitimos responsabilidad alguna”, dijo Fraser Engerman, portavoz de Walgreens, en un comunicado. “Esta resolución nos permite cerrar todos los litigios relacionados con los opioides con los gobiernos federal, estatal y local, y nos brinda condiciones favorables desde el punto de vista del flujo de efectivo mientras nos enfocamos en nuestra estrategia de recuperación”.

En medio de una caída en las visitas a tiendas y una reducción en su cuota de mercado, Walgreens anunció en octubre pasado el cierre de 1,200 tiendas en todo el país. Rite Aid se declaró en bancarrota a finales de 2023 mientras también enfrentaba pérdidas y acuerdos por demandas relacionadas con opioides. El Departamento de Justicia presentó una demanda similar contra CVS en diciembre.

La demanda señala que los farmacéuticos de Walgreens surtieron estas recetas a pesar de claras señales de alerta que indicaban que probablemente eran inválidas, y que la empresa presionó a los farmacéuticos para que las surtieran rápidamente. El gobierno alega que los responsables de cumplimiento de Walgreens ignoraron “evidencia sustancial” de que sus tiendas estaban llenando recetas ilegales y que retuvieron información importante sobre los médicos que prescribían opioides a sus farmacéuticos.

Walgreens también habría solicitado pagos por muchas de estas recetas inválidas a través de Medicare y otros programas federales de salud, violando así la Ley de Reclamaciones Falsas, según el gobierno.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado desestimar su demanda tras el acuerdo alcanzado el viernes.

“Las farmacias tienen la responsabilidad legal de surtir sustancias controladas de manera segura y profesional, no de dispensar drogas peligrosas solo por obtener ganancias”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi en un comunicado. “Este Departamento de Justicia está comprometido a poner fin a la crisis de los opioides y a responsabilizar a quienes no protegieron a los pacientes de la adicción”.

Walgreens también firmó un acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA) para mejorar su cumplimiento con las normas sobre la dispensación de sustancias controladas, mantener políticas que exijan a los farmacéuticos verificar la validez de las recetas y mantener un sistema que bloquee las recetas de médicos que emiten prescripciones ilegítimas.

Asimismo, con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Walgreens acordó establecer y mantener un programa de cumplimiento que incluya capacitación, supervisión por parte de su junta directiva e informes periódicos sobre la dispensación de sustancias controladas.

“En medio de la crisis de los opioides que ha azotado a nuestra nación, confiamos en que las farmacias prevengan —y no faciliten— la distribución ilegal de estas sustancias potencialmente dañinas”, dijo Norbert E. Vint, Inspector General Adjunto de la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos.

Este acuerdo resuelve cuatro casos presentados por exempleados de Walgreens que actuaron como denunciantes. En 2022, CVS y Walgreens acordaron pagar más de 10 mil millones de dólares en un acuerdo multilateral de demandas presentadas contra ellas por el impacto de la crisis de los opioides.

En los últimos ocho años, fabricantes de medicamentos, distribuidores y farmacias han acordado más de 50 mil millones de dólares en acuerdos con gobiernos, de los cuales la mayoría del dinero debe utilizarse para combatir la crisis de los opioides.