Con la intención de mostrarles que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) ha tomado todas las medidas que en ley se requiere para que la compañía de energía a base de carbón AES se mantenga en cumplimiento con las normas que regulan esa industria, la presidenta de la agencia, Tania Vázquez, se reunió con los representantes de las distintas comunidades y organizaciones que afirman son perjudicadas por las operaciones de la empresa.

En la reunión, celebrada el pasado viernes, la funcionaria le solicitó a la empresa AES un segundo requerimiento de información sobre contaminación subterránea, según expresó en un parte de prensa. 

Las expresiones se dan luego de que el pasado jueves la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado -que preside Carlos Rodríguez Mateo- anunciara que realizaría otra investigación a la compañía AES sobre los hallazgos del Informe Anual de Monitoreo de Aguas Subterráneas de 2017 realizado por DNA Enviromental LLC, en el área de la planta de AES en Guayama, así como la determinación de transportar miles de toneladas de cenizas fiera de la Isla.

Según la Resolución del Senado 727, de la autoría del senador Larry Seilhamer Rodríguez, y que fue aprobada por la cámara alta, establece que el informe arrojó hallazgos de contaminación en las aguas subterráneas en el área de almacenamiento de Agremax de la planta AES en Guayama. Según el estudio realizado, se están liberando altas cantidades de sustancias peligrosas al agua subterránea que se está desplazando en el lugar.

Vázquez Rivera, junto a la directora de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) de Puerto Rico y el Caribe, Carmen Guerrero, y los representantes comunitarios se reunieron en las oficinas de la agencia federal en Guaynabo a solicitud de las organizaciones que solicitaron plantear sus preocupaciones en torno a la empresa. También estuvo mediante teleconferencia desde Nueva York, Ariel Iglesias, subdirector de la división de aire limpio de la región 2 de EPA, a la que responde la división del Caribe.

Los residentes de las áreas cercanas a la generadora de energía en Guayama, plantearon que la compañía produce polvo fugitivo, contamina las aguas subterráneas, produce ruido y contaminación lumínica. Estas últimas dos aseveraciones no se habían expuesto públicamente antes ni existen querellas presentadas ante la JCA.

Vázquez Rivera ordenó inmediatamente a sus funcionarios, presentes en la reunión, a que activaran el protocolo para que se evalúe la queja de ruidos y lumínica. No obstante, los propios residentes desecharon en ese momento sus alegaciones sobre contaminación lumínica, aunque solicitaron los servicios de la JCA para que hagan pruebas en torno a la contaminación por ruido.

La presidenta de la JCA, quien es también secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, enumeró todas las ocasiones en que la Junta ha inspeccionado u ordenado requerimientos de información a AES-PR, tanto en la generatriz en Guayama como en los vertederos de Humacao y Peñuelas en el que se utilizó el compuesto para usos beneficiosos, y que las propias reglas de combustión de carbón (de 2015) de la EPA consideran un desecho no peligroso que puede ser utilizado beneficiosamente.

Guerrero informó a los reunidos que esta es una regla autoejecutoria, en la que la empresa debe cumplir con una serie de pasos, y que se ha estado cumpliendo hasta el momento, que incluye un plan para el manejo de polvo fugitivo, de aguas, aire, y debe cumplir además con informar a la población, más muestreos, análisis y remediación de ser necesario.

Aunque las organizaciones de residentes no pudieron evidenciar científicamente que hubo contaminación de las aguas subterráneas a causa de las operaciones de AES-PR, la JCA requirió de la empresa un segundo requerimiento de información, emitido el 10 de mayo -había emitido otro en abril- para poder determinar el origen de las sustancias.

Más aun, Vázquez Rivera le informó a AES-PR que los científicos de la JCA acompañarán a los técnicos de la planta en el momento de recoger nuevas muestras de las aguas y asegurarse de la confiabilidad del método en los pozos de monitoreo, que reflejaron rastros de distintos elementos, aunque no exceden los parámetros de EPA para aguas subterráneas, excepto el componente selenio, según les informó Guerrero. La ejecutiva de la JCA incluso pondera si se les exige más pozos de monitoreo de aguas.

El área de Guayama cercana a las operaciones de AES-PR fue sede de empresas farmacéuticas y petroleras. Incluso hay un superfondo que obliga a su descontaminación por una petrolera.

“Responsablemente estoy obligada a descartar que estos sean las fuentes de las distintas sustancias encontradas y así determinar con exactitud científica qué la causó”, aclaró Vázquez Rivera a los residentes y sus organizaciones. Aun así, es escasa la posibilidad de que, de haber contaminación, migre a través del acuífero del sur por su propia naturaleza rocosa, tipo bolsillo, se aclaró a los residentes.

Vázquez Rivera destacó que tanto la JCA como la EPA “han trabajado en equipo” para ir aclarando las dudas de los residentes de estas áreas e igualmente interviniendo cada cual bajo su jurisdicción con AES, que apeló administrativamente una multa de $70,000 que le impuso la JCA por no obedecer una orden de esta agencia para que cubrieran una loma de cenizas de carbón expuesta en las instalaciones de AES-PR antes y durante el paso del huracán María.

“Hemos sido proactivos. Inmediatamente (al surgir el informe de sustancias en aguas subterráneas realizado por AES-PR por obligación normativa en marzo) nos comunicamos con EPA. Nosotros hemos inspeccionado más de lo que exige la ley. Las querellas que hemos recibido han sido trabajadas y aunque la ley les permite depositar su producto en los vertederos, también los hemos inspeccionado en múltiples ocasiones”, aseguró la funcionaria ambiental.

“Pero si hubiera indicios de contaminación, tengan por seguro que iríamos hasta las últimas consecuencias”, aseveró a los organismos y residentes comunitarios Vázquez Rivera.