La Resolución de la Cámara 995, de la autoría del presidente Rafael Hernández Montañez, y el representante Rafael Fourquet Cordero, ordena a la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos de ese cuerpo a realizar una investigación y análisis sobre el efecto en el consumidor, así como en el pequeño y mediano comerciante, que causa la otorgación de un contrato de exclusividad para la venta de boletos en las principales instalaciones destinadas a la celebración de espectáculos públicos en Puerto Rico. Ordena además, la investigación y el análisis de las políticas públicas existentes en Puerto Rico y las diseñadas en otros estados o territorios para derribar las barreras a la libre competencia que crean este tipo de acuerdo de exclusividad, las cuales restringen el comercio.

El proyecto -detallado en comunicado de prensa- fue presentado por petición del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico (CoPEP) que junto a 22 productores y cuatro compañías expendedoras de boletos, presentaron el pasado mes de marzo, mediante el recurso de Sentencia Declaratoria, una demanda contra la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico y AEG Management PR, LLC, por la práctica anticompetitiva y monopolística de atar contratos que minimiza las oportunidades de los competidores en el mercado de expendio de boletos.

La Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico, una corporación pública creada bajo la Ley 142-2001, tiene como misión y propósito, entre otros, impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico a través de sus distintas facilidades de entretenimiento y así posicionarlo como un destino de negocios, turismo y entretenimiento para grupos y convenciones. La resolución investigativa tiene como fin proteger al consumidor puertorriqueño, asegurándole a estos, y a los pequeños y medianos comerciantes, en particular, los beneficios de la libre competencia.

“La práctica de obligar a los productores a utilizar la compañía expendedora escogida por el venue no se limita a las instalaciones que administra AEG Management LLC, conocemos que también ocurre en el Municipio de San Juan y sus facilidades. La Resolución de la Cámara 995 analizará e investigará todo contrato de exclusividad en las facilidades destinadas a la celebración de espectáculos públicos. Quede claro el mensaje a los que han pretendido fallidamente representar que nuestra intención es singularizar el tema o acciones únicamente a una compañía. Lo resuelto por el Tribunal como lo que surja de esta investigación es de alcance a todas las facilidades y compañías expendedoras. Defendemos y defenderemos los derechos del promotor y del público consumidor a quien nos debemos”, expresó el licenciado Roberto Sueiro, presidente del CoPEP.

“Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el promover la libre competencia en un mercado libre de influencias indebidas que, de otra forma, restrinjan el comercio y ello tenga el indeseado y nefasto resultado de provocar la venta de servicios o productos más caros para el consumidor; y eliminar el resto de los comerciantes que ofrecen servicios o productos en ese mismo mercado. No es compatible con esa política pública la concentración del poder económico en unas pocas personas y entidades, mucho menos en una sola, en forma tal que éstas se coloquen en posición de dominar áreas o sectores de la economía puertorriqueña mediante manipulaciones que desdeñan el bienestar del pueblo en aras del lucro desmesurado de esas personas y/o entidades”. La resolución añade que en los últimos años, el tema de la monopolización del mercado de la venta de espectáculos públicos mediante acuerdos contractuales en restricción del comercio ha tomado gran relevancia tanto en Puerto Rico, así como en Estados Unidos. La notable ausencia de competencia está provocando el aumento desmedido en el costo de los boletos con cargos injustificados tales como los costos operacionales que no debe pagar el consumidor.

“Esta Cámara de Representantes ejercerá su poder investigativo siempre que sea necesario derribar cualquier barrera a la libre competencia y así lograr incentivar la actividad económica puertorriqueña de forma equitativa. A pesar de que esta situación puede ser impactante en Puerto Rico, hasta el momento no se conocen ampliamente acciones concretas, mesas de trabajo e investigación o esfuerzos gubernamentales que estén abordando la situación”, reza la R. de la C. 995.