Rafael “Raphy” Pina busca dar su verdad al querer intervenir en el pleito que afronta Daddy Yankee contra su exesposa y excuñada, Mireddys y Ayeicha González Castellanos, alegando que la controversia en la que les reclama $250 millones cuenta con “imputaciones muy serias” en contra de su persona y su empresa World Latin Music Corp.

En un documento de 14 páginas, el productor musical busca aclarar los señalamientos que se realizaron tanto en la más reciente demanda que se atiende en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina, así como la controversia corporativa que arrancó en diciembre del año el año pasado en el Tribunal de San Juan.

¿Pero cuáles son esos alegaciones de negligencia que el boricua quiere desmentir? Primera Hora te comparte algunos detalles sobre la nueva polémica.

¿Debe un millón?

Una de las alegaciones por negligencia contra Pina es que este tiene una deuda de un millón de dólares con el “Big Boss” desde el año 2020.

No obstante, el empresario, representado por los licenciados José Alfredo Hernández Mayoral y Patricia Rivera MacMurray, asegura que el presunto déficit se trata del primer pago que recibió su corporación por un acuerdo que se dio en un contrato de $25 millones con Universal Music, donde se le concedió $20 millones para el álbum “Legendaddy”, y $5 millones para el disco en vivo “2k20″, que provino de los conciertos “Con Calma” que hizo en Puerto Rico en diciembre de 2019.

Según la demanda, se acordó que World Latin Music recibiría un 10% de comisión, lo que equivaldría a $2 millones, pero este sostuvo que recibió un primer pago de un millón por el álbum “Legendaddy” de El Cartel en octubre de 2020, explicando que se “escribió en el cheque que el concepto era préstamo en lo que se recibía el pago completo de la comisión del contrato y así entonces se cambiaria el concepto del préstamo a adelanto de comisión”.

El segundo pago de la comisión se recibió el 30 de agosto de 2023.

“De haber sido un préstamo, como se alega en el párrafo 48 de la Demanda, entonces el pago del 30 de agosto de 2023 debió ser de $2 millones y no de $1 millón como se hizo. En ese caso, las partes se adeudarían $1 millón cada cual a la otra, deudas que se cancelan por compensación. World Music Latino nunca ha adeudado, por tanto, cantidad alguna a El Cartel por ese concepto, reclamación que además está prescrita”, lee la demanda.

No se involucró indebidamente en venta de catálogo

El equipo legal de Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del “Cangri”, también señaló a su exesposa por darle “poder absoluto” a Pina en la venta de su catálogo musical a través de las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc.

La representación legal del cantante urbano expresó en diciembre pasado que “la transacción se formalizó vendiéndose estos derechos a un precio, que resultó ser irrazonable, desproporcional y muy por debajo del valor real”

Pero la parte interventora insiste en que, contrario a la demanda, “no fue Mireddys González” la persona que autorizó a Pina para que los representara en la negociación, sino que “fue el propio demandante Ayala quien directamente se lo solicitó”.

Incluso, estos indicaron que, contrario a lo que se alega en el mismo recurso legal, la parte demandante “tuvo la oportunidad de consultar los documentos legales con sus abogados previo al cierre de la transacción”.

“Si lo hizo o no lo hizo, fue decisión exclusivamente suya”, apuntaló.

Este contínúa exponiendo que “por razones de disputas domésticas entre el demandante Ayala con la demandada González, la parte demandante hace alegaciones falsas en los escritos legales en contra de la parte interventora en cuanto a la venta del catálogo con pleno conocimiento de que lo alegado no se quedará dentro del proceso judicial sino que generará un exceso de publicidad dañina a la parte interventora”.

De hecho, el recurso destacó Pina también ayudó en recuperar en diciembre de 2024 un pago de $15 millones que le retuvieron de dicha negociación por una presunta falta de documentación.

“Dicha demanda de injunction recibió una alta atención mediática, transmitiéndose las vistas por televisión en las cuales se hicieron comentarios con respecto a la gira en la que también participó la parte interventora y se hablaba de cifras millonarias cobradas por ésta con claras insinuaciones de irregularidades”, reza el texto.

¿Se pagó $27 millones mientras estaba en la cárcel?

Los abogados del artista también alegaron que las codemandadas autorizaron a Pina, a través de sus empresas, se pagara a sí mismo $27 millones por gastos incurridos por la gira de conciertos “La última vuelta”, todo esto “sin que exista evidencia verificable, análisis contable, ni auditoria que acredite fehacientemente, que en efecto, se debía esa cifra millonaria”, al tiempo que este cumplía una sentencia federal por violaciones a la Ley de Armas.

Pero el productor musical catalogó el señalamiento como falso, asegurando que, en varias ocasiones, World Music Latino realizó pagos, tales como alojamiento, transportación, dietas y otros, sin todavía recibir los ingresos de Cárdenas Marketing Network, la firma que contrató la empresa para desarrollar el “tour” de espectáculos musicales en Canadá, Estados Unidos y América Latina.

“Durante su periodo de reclusión, el interventor Pina tenía limitada comunicación, pero aprovechó llamadas que le permitían de vez en cuando y de duración de 10 minutos para que la demandada Mireddys González y oficiales de World Music Latino lo mantuviesen al día con el progreso de la gira y los asuntos de la Parte Demandante. También tenía acceso a una plataforma de correo electrónico. Todo bajo supervisión y monitoreo del sistema”, lee la demanda, asegurando que, en medio de la gira, el “Cangri” lo visitó en la cárcel, ambos dividiéndose el costo del avión privado que alquiló el exponente urbano para llegar al centro de detención en Estados Unidos.

“No es cierto lo que se alega de que el interventor Pina se pagó a sí mismo 27 millones. El interventor no se pagó nada. La interventora World Music Latino no se pagó a si misma $27 millones como se alega en la Demanda, sino que por el contrario efectuó pagos a terceros por esa cantidad aproximadamente, incluyendo dentro de ellos al demandante Ayala. Al alegar que la Parte Interventora se pagó a sí misma $27 millones, la Parte Demandante está imputándole un ingreso indebido, a sabiendas que es falso”, agregó.

Piden que le quiten inmunidad al “Cangri”

Los abogados de Pina, por consiguiente, solicitan que se aclaren los señalamientos por negligencia, al tiempo que también le eliminen la inmunidad a Ayala en cuanto a los comentarios en su contra y establecer que lo expresado se cataloga como “difamación y calumnia”.

“Se solicita que se determine en consecuencia que la parte interventora ha sufrido daños en la cantidad que el tribunal estime probados en juicio”, destaca el texto, donde también sostuvo que “ha recibido amenazas, insultos y ataques, sintiendo que se afecta su seguridad personal y la de su familia, y afectándose su reputación y negocio”.