Los 6 delitos por las que la Hacienda española acusa a Shakira
La colombiana, quien estrenó un nuevo tema con el productor musical Bizarrap, hizo referencia a la situación que enfrenta con la dependencia pública.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 1 año.
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La cantante colombiana, Shakira, estrenó el pasado miércoles su nuevo tema musical con Bizarrap, Music Sessions #53, en el que hace referencia al futbolista y padre de sus hijos Gerard Piqué y su novia Clara Chía, así como también su situación con Hacienda española.
“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, se lee en la letra de la canción, es la estrofa donde la cantante menciona la deuda con el fisco.
¿De qué se le acusa a Shakira?
La Justicia española acusa a Shakira de haber simulado durante los años 2012, 2013 y 2014 no residir en el país europeo y de haber ocultado ingresos mediante un entramado de sociedades con sede en paraísos fiscales, por lo que la cantante habría defraudado a Hacienda por 14.5 millones de euros, o más de 17 millones de dólares en ese entonces.
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En 2018 la cantante pagó a la Hacienda española una multa de más de 20 millones de dólares por irregularidades tributarias cometidas en el año 2011.
¿Cuáles son los cargos criminales?
El pasado mayo de 2022, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a la cantante colombiana a juicio, ante los indicios de que residía en España “de manera habitual” entre los años 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de la cercana localidad de Esplugues de Llobregat que compró con su expareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.
Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por “motivos profesionales, con una duración muy corta”, a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense “The Voice” (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial”, tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.
Para evitar hacerlo, según la Fiscalía, Shakira “utilizó un entramado societario”, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.
La Fiscalía sostiene que el “plan” de la cantante consistía en que sus empresas estuvieran formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba “en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales” a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.
Asimismo, asesorada por varios profesionales, los años 2008, 2012 y 2013 la cantante llegó a acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, “para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación” en estos años, mantiene el Ministerio Público español.
Esos acuerdos, según la Fiscalía, dieron pie a una “mínima tributación fiscal”, de tan solo el 2% de la renta bruta generada, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.
Los últimos acuerdos Tax Ruling los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España, pero “en ningún momento puso en conocimiento de las autoridades tributarias españolas dichos acuerdos”, asegura el Ministerio Público.
El equipo legal de la cantante ha mantenido varias conversaciones con las acusaciones para alcanzar un pacto, pero Shakira rechazó las ofertas.