NUEVA YORK. Dos reclusos muertos a puñaladas. Otro atravesado en la columna vertebral con un picahielo improvisado. Un funcionario de prisiones acusado de disparar a un auto durante una persecución a alta velocidad no autorizada.

Los cargos criminales develados el lunes ofrecen una nueva ventana a la violencia y la disfunción que ha plagado la cárcel federal de Brooklyn donde Sean “Diddy” Combs y Sam Bankman-Fried están encerrados.

En total, los fiscales federales presentaron cargos contra nueve reclusos en relación con una serie de agresiones ocurridas entre abril y agosto en el Centro de Detención Metropolitano, la única cárcel federal de la ciudad de Nueva York. Los cargos se producen en medio de una campaña del Departamento de Justicia y la Oficina de Prisiones para solucionar los problemas de la cárcel y exigir responsabilidades a los autores.

Andrew Simpson y Devone Thomas fueron acusados de asesinato en un centro de detención federal por haber apuñalado presuntamente hasta la muerte al recluso Uriel Whyte el 7 de junio. Jamaul Aziz, James Bazemore y Alberto Santiago fueron acusados de homicidio premeditado y conspiración para cometer homicidio en un centro de detención federal por el homicidio del recluso Edwin Cordero el 17 de julio. Según la fiscalía, en ambos ataques se utilizaron armas improvisadas.

Se dejaron mensajes en busca de comentarios con los abogados que representaron a Simpson, Thomas, Aziz, Bazemore y Santiago en sus casos anteriores.

Otros cuatro reclusos fueron acusados de agresiones no mortales. Uno de ellos fue acusado de agredir a un funcionario federal por golpear supuestamente a un funcionario de prisiones en la cara en agosto, después de que éste le ofreciera el desayuno. Otros dos fueron acusados por el ataque con un picahielo unos días después.

“No se tolerará la violencia en nuestras cárceles federales”, declaró en un comunicado el fiscal federal Breon Peace. Afirmó que los cargos deberían servir de “advertencia a quienes incurran en conductas delictivas entre rejas, y a cualquiera que facilite esos delitos: su conducta será expuesta, y tendrá que rendir cuentas”.

También el lunes, un funcionario de prisiones asignado a vigilar el perímetro de la cárcel fue acusado de violación de los derechos civiles por disparar a un BMW sedán con su arma de la Oficina de Prisiones en septiembre de 2023 tras perseguir al vehículo por las calles de Brooklyn en una Dodge Caravan propiedad del gobierno. El BMW presentaba tres orificios de bala en su parte exterior trasera y una persona que se encontraba en su interior resultó herida, según Peace.

El agente, Leon Wilson, de 49 años, condujo a más del doble del límite de velocidad, se saltó semáforos en rojo, dio volantazos y esquivó por poco a otros vehículos, y después regresó a su puesto sin decir a nadie lo que había hecho, según la fiscalía. Wilson, empleado de la cárcel desde 2000, se encontró con el vehículo en el estacionamiento del personal y lo persiguió hasta un lugar cercano al puente de Brooklyn, a unos ocho kilómetros de distancia, según los fiscales.

Wilson es al menos el séptimo miembro del personal del MDC de Brooklyn acusado de un delito en los últimos cinco años. Otros fueron acusados de aceptar sobornos o proporcionar contrabando, como drogas, cigarrillos y teléfonos móviles, según un análisis de Associated Press de las detenciones relacionadas con la agencia.

Se dejó un mensaje al abogado de Wilson en busca de comentarios.

La Oficina de Prisiones dice que está trabajando para remediar los problemas en la cárcel de Brooklyn, donde los detenidos, defensores y jueces se han quejado rutinariamente de «condiciones peligrosas y bárbaras», incluida la violencia desenfrenada. Los abogados de Combs presentaron el lunes un recurso de apelación para que sea puesto en libertad mientras espera el juicio por tráfico sexual.

Un grupo de altos funcionarios de la Oficina de Prisiones, conocido como el Equipo de Acción Urgente, se está centrando en devolver a la cárcel de Brooklyn los niveles adecuados de personal y garantizar su buen estado. Han realizado repetidas visitas a las instalaciones y se reúnen semanalmente para abordar los problemas de la cárcel.

Hasta ahora, según la agencia, se ha incrementado la plantilla en un 20%, con lo que a mediados de septiembre el número total de empleados ascendía a 469 y quedaban unos 157 puestos vacantes. La agencia afirma que también se ha enfrentado a un importante retraso en el mantenimiento. Durante cuatro semanas en primavera, los trabajadores de la agencia completaron más de 800 órdenes de trabajo para reparaciones y mejoras de infraestructuras. Entre ellas se incluían mejoras eléctricas y de fontanería y reparaciones en el servicio de comidas y en los sistemas de calefacción y aire acondicionado.

«Nos tomamos muy en serio la dotación de personal y otros retos en el MDC de Brooklyn», dijo la Oficina de Prisiones en un comunicado.

Según la fiscalía, Simpson y Thomas atacaron a Whyte -armándose con armas improvisadas y protagonizando una serie de ataques de dos contra uno contra él- después de que Whyte y Simpson se enzarzaran en una disputa verbal. Simpson y Thomas eran compañeros de celda en ese momento y atacaron a Whyte en su propia celda, según la fiscalía. La violencia se intensificó en un lapso de unos 15 minutos, según los fiscales, y culminó con una puñalada en el cuello de Whyte que le seccionó la arteria carótida.

En el ataque a Cordero, según la fiscalía, Santiago, Aziz y Bazemore lo acorralaron tras un altercado entre Cordero y Santiago, quien lo apuñaló en el centro del pecho, perforándole partes del corazón. A continuación, Bazemore lo apuñaló en la espalda y Aziz y Bazemore volvieron a acorralarlo y lo apuñalaron, golpearon y patearon repetidamente, según la fiscalía, incluso después de que cayera e intentara protegerse con una mesa.

Una investigación en curso de Associated Press ha sacado a la luz profundas deficiencias, de las que no se había informado anteriormente, en la Oficina de Prisiones, un organismo con más de 30,000 empleados, 158,000 reclusos, 122 centros y un presupuesto anual de unos 8,000 millones de dólares.

Los informes de AP han revelado una actividad delictiva desenfrenada por parte de los empleados, docenas de fugas, violencia crónica, muertes y una grave escasez de personal que ha dificultado la respuesta a las emergencias, incluidas las agresiones y los suicidios de reclusos.

En abril, la Oficina de Prisiones anunció el cierre de la prisión de mujeres de Dublín (California), conocida como el “club de la violación”, renunciando a sus intentos de reformar el centro después de que una investigación de la AP sacara a la luz abusos sexuales cometidos por el personal contra las reclusas.

En julio, el presidente Joe Biden firmó una ley que reforzaba la supervisión de la Oficina de Prisiones, después de que el reportaje de AP pusiera de manifiesto las numerosas deficiencias de la agencia.