Gestores culturales repudiaron hoy la medida que radicó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que busca “transferir las funciones” del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para, presuntamente, maximizar su eficiencia administrativa y fomentar oportunidades que conecten la cultura en los sectores empresariales claves.

“En una época de crisis, no podemos eliminar las cosas que nos unen, yo le hago un llamado a la gobernadora Jenniffer González a que se exprese sobre esto, que detenga ese plan que sale del presidente del Senado, que está empeñado de cerrar el Instituto. No sé por qué razón, si es que hay una razón atrás para vender su propiedad, para ver que no haya tanta supervisión de las obras de construcción”, manifestó el arqueólogo Miguel Rodríguez López en entrevista telefónica con Primera Hora, quien señaló que este no es el primer intento en “desmantelar y cerrar” la entidad, ya que hubo intentos de vender la sede de la entidad gubernamental, el Asilo de Beneficencia, para convertirlo en un hotel de 53 habitaciones en el año 2016.

“Los edificios nuestros no son para venderlos, ni para poner centros comerciales, ni para especular con nuestra colección arqueológica, nuestra colección de artes, son cosas valiosas que representan el patrimonio de todos”, resaltó el exrector del Centro de Estudios Avanzados del Viejo San Juan.

¿De qué se trata?

El Proyecto del Senado (PS) 273 persigue reorganizar las funciones del ICP para buscar “un enfoque inclusivo y accesible que asegure que la riqueza de nuestra cultura no sea patrimonio exclusivo de un sector, sino un recurso compartido por toda la ciudadanía”.

Para cumplir esa meta, la medida busca enmendar la ley de “Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 1994” para concederle las funciones de la agencia al secretario del DDEC a través del “Programa de Cultura Puertorriqueña”, que “impulsará iniciativas que promuevan experiencias que permitan desarrollar las competencias necesarias para ingresar en campos relacionados con las artes, la artesanía y la cultura, entre otras”.

Mediante ese programa, el DDEC asesoraría a la Junta de Planificación (JP) en lo que se trata la reglamentación de construcción en las zonas “de valor histórico”, a la vez que recomendará las medidas de carácter estéticas, históricas o arquitectónicas que deben tomarse en cuenta en los proyectos que se realicen en dichas zonas.

Dicha legislación, de ser aprobada, derogaría la Ley 89 de 1955, que permitió la fundación del Instituto.

“Creo que aquí hay un empeño de desarrollar construcciones a como dé lugar, y eso es bien peligroso porque nos van a dejar una marca negativa para el resto de nuestra historia, si se construyen y destruyen las cosas, si venden nuestras obras de arte, nuestras piezas arqueológicas, con tal de sacar dinero. Eso no puede ser, nosotros tenemos que parar esto”, resaltó Rodríguez López, exhortando a la Asamblea Legislativa a que convoquen vistas públicas para atender diferencias con el proyecto.

“Nefasto y peligroso”

Para el historiador y profesor Eloy Antonio Ruiz, la radicación del PS 273 representa un hecho “nefasto y peligroso” para el ICP, al tiempo que demuestra que no existe una comprensión “cabal” de lo que representa la entidad y lo que alberga en términos patrimoniales.

“Yo no sé si el presidente del Senado quiere eliminar la Institución, o lo que quiere es sacar a su director ejecutivo, porque pareciera que hay una vendetta personal, pero esto es nefasto para los que consideramos que defender lo puertorriqueño es importante puesto que el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que cumple 70 años este 21 de junio, ha redibujado que se pueda narrar una historia cultural que, sin esa protección y conservación, no hubiera sido posible”, destacó el coordinador de la concentración en Conservación del Patrimonio Cultural de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras.

Ruiz sostuvo que dicha legislación se alinea con la cuarta orden ejecutiva que firmó la gobernadora que declara un estado de emergencia en las áreas afectadas por deslizamientos de terreno en la Isla que “representen un peligro para la infraestructura vial”, en el que activa un “proceso expedito” para eximir al Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación, y cualquier otra agencia del Gobierno “de la obligación de solicitar, gestionar, radicar o cumplir con cualquier permiso, consulta, endoso, comentario, recomendación, certificación o trámite colateral ante cualquier agencia, relacionado con los proyectos identificados en virtud de esta Orden Ejecutiva”.

“Si vas al texto del proyecto de ley, el presidente del Senado aduce, utiliza la debilidad actual del ICP, que lleva meses recibiendo críticas contundentes de individuos y organizaciones, haciendo un llamado a que conserve y restaure su patrimonio histórico edificado, considerando que gran parte de esos edificios tienen reclamaciones de FEMA”, manifestó. “Esto se une a otras voces que plantean que el ICP es un organismo anticuado, que se tardan tanto en otorgar permisos, que no tienen empleados suficientes, y que hay duplicidad de funciones entre lo que hacen ellos y lo que hacen en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), aquí se están uniendo varias situaciones que desembocan en este proyecto que vemos”.

“Abiertos a la discusión”

El director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz Cortés, catalogó de “alarmante” que la radicación del PS 273 no fuera consultada previamente con el organismo, alegando que el diálogo “hubiera resultado en un mejor entendimiento de todas las funciones que realizamos y la importancia de nuestro trabajo”.

“El Instituto de Cultura Puertorriqueña ha sido, desde su creación, el guardián de nuestro patrimonio cultural y artístico, y quien ha creado la política pública cultural que conocemos y hemos disfrutado por las pasadas siete décadas. La mera posibilidad de transferir estas funciones a otra entidad, enfocada únicamente al desarrollo económico, pone en riesgo la preservación de nuestra rica historia y herencia cultural”, expuso Ruiz Cortés en declaraciones escritas.

El jefe del ICP indico que la legislación que “pretende reducir a un solo programa toda la compleja y completa operación” tendría repercusiones en la población puertorriqueña “que se beneficia directa o indirectamente de nuestros servicios y programas especializados en artes plásticas, artes populares, arqueología, patrimonio histórico edificado, música y danza, teatro, publicaciones y grabaciones, museos y parques, entre otros, así como los que ofrecen la Biblioteca Nacional y el Archivo General de Puerto Rico”.

“Desaparecer la ley que creó el Instituto de Cultura Puertorriqueña es desmantelar nuestra cultura, es retroceder y dejarla huérfana”, destacó el gestor cultural, asegurando que es imperativo que las funciones de conservar, custodiar y restaurar los bienes culturales de la nación “permanezcan bajo la supervisión de una institución dedicada exclusivamente a la protección y promoción de la cultura puertorriqueña”.

“Respetuosamente estamos abiertos a la discusión para auscultar mejores posibilidades de gobernanza. Reafirmamos, además, nuestro compromiso de seguir trabajando arduamente para proteger y enaltecer la cultura de Puerto Rico, cultura que amamos y que nos une como pueblo”, resaltó.

Primera Hora intentó comunicarse con el presidente de la Cámara Alta por medio de sus portavoces, no obstante, este medio no recibió una respuesta al momento de publicar la historia.