El productor Aníbal Rubio estuvo a punto de cancelar la función del domingo pasado de la obra Conversaciones con mamá cuando se enteró de la cantidad de boletos gratis y a medio precio que habían sido otorgados al público de la tercera edad, según establece la Ley 108. Y aunque al final no lo hizo, tuvo que tomar otra decisión drástica: pedir donaciones a los asistentes para completar el pago de la nómina de la producción.

“Me enteré de los números una hora y media antes de que abriéramos la sala y pensé cancelar la función. Pero sabía que no podía castigar a la gente que había venido a ver la obra… Tenía un dolor de cabeza horrible, porque no fue una decisión fácil tener que enfrentarme al público. Se me caía la cara de vergüenza, pero no tenía forma de sustentar el proyecto”, detalló ayer Rubio, quien confirmó pérdidas que ascendieron a 5,337 dólares por cuenta de 96 boletos gratis y 113 a medio precio.

La sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de San Juan (CBA), donde se presentó la obra protagonizada por Gladys Rodríguez y Braulio Castillo, acomoda a 720 personas.

Al final de la función, una persona de la producción se ubicó en la sala con una canasta para aceptar los donativos, que ascendieron a $1,500. “La ayuda no cubrió la nómina, pero amortiguó el cantazo”, dijo Rubio al asegurar que otras producciones suyas como M Butterfly, Piaf, el musical y Viva Julia de Burgos terminaron corriendo con pérdidas.

“A veces hasta tengo que sacar de mi bolsillo... Y la compañía (Producciones Acrópolis) ya no tiene dinero porque yo tengo que pagar ese beneficio que da la Ley 108. Tenía planificado hacer un proyecto grande en octubre, un musical en el Centro de Bellas Artes, el cual pospuse porque ya no tengo presupuesto para hacerlo. Llamé a todo el mundo para decirle que no va y son como 60 personas que ahora se quedan sin ese trabajo”, añadió conmovido.

La pieza Conversaciones con mamá repite el próximo fin de semana en el CBA y el productor ansía que el teatro se llene, pero de público que pague su taquilla. Reconoce que la población de envejecientes no tiene la culpa de estar en medio de esta controversia, pero instó a la Legislatura a tomar acción.

“No es una medida políticamente simpática, pero si no la modifican, esto va a seguir de mal en peor. Nos vamos a tener que ir del país...”, concluyó.