Un amplio grupo de representantes de la danza se dio cita en la mañana de este jueves en un salón de la Universidad del Sagrado Corazón para rechazar el Proyecto de la Cámara 2170, el cual perseguía una regulación de esa expresión artística.

Bailarines, coreógrafos, maestros y dueños de escuelas de baile respondieron a la convocatoria para exponer sus argumentos sobre el proyecto gestado por la representante Lourdes Ramos Rivera y promovido por la coreógrafa y bailarina Juliana Ortiz.

Fue la propia Ortiz en su turno al micrófono quien anunció que el proyecto había quedado sin efecto.

El proyecto ya no está. Ya Lourdes lo dijo”, indicó Ortiz, quien además reiteró que su intención con el proyecto no era desunir al gremio. En su lugar, llamó a sus colegas a mantener la unidad y se comprometió a apoyarlos en lo que decidan por el bienestar del colectivo.

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El PC 2170 proponía la creación de la “Ley Reguladora de la Profesión de la Danza en Puerto Rico”, cuyo cumplimiento sería velado por un “Consejo Regulador de la Danza”, el cual estaría integrado por nueve miembros que serían nombrados por el gobernador de turno en consentimiento con el Senado de Puerto Rico. Para ello, cada exponente de la danza debía estar certificado según las estipulaciones de la ley por crear.

Entre los argumentos de rechazo planteados por los ejecutantes de la danza se mencionaron las multas de hasta $2,000 por incumplimiento a la ley propuesta; las restricciones para personas con algún antecedente penal y el mínimo de 18 años de edad para ejercer en el baile.

Flexo, bailarín del breaking o breakdance, contextualizó el origen de ese tipo de baile, el cual fue por menores de edad, algunos pertenecientes a gangas callejeras y encontraron en esos movimientos una nueva oportunidad para mejorar su calidad de vida. “Esas personas que querían regularnos, ni siquiera sabían qué es el breaking”, dijo ante una audiencia que incluyó representantes de la danza cristiana y árabe, entre otras.

La abogada Astrid Burgos, dueña de una escuela de baile en Naguabo, señaló que las implicaciones económicas del proyecto no reflejaban una consideración sobre las comunidades marginadas. Igualmente levantó su voz en contra del requisito de “estar mental y físicamente capacitado para ejercer de formar segura la profesión de la danza”.

“¿Quién es el gobierno para decir quién está capacitado para ejercer su arte?”, expuso Burgos, que además repudió el requisito de estudios profesionales de la danza, pues hay personas que han labrado una trayectoria en la danza sin tener ninguna certificación. “Si alguien va a decidir regular la danza, somos nosotros mismos”, puntualizó la abogada.

La convocatoria sirvió, sin embargo, para que el gremio artístico expusiera las distintas necesidades que tienen, así como ideas para atenderlas. Salarios, condiciones de trabajo, así como el acceso a ayudas económicas por parte del Gobierno, y a planes de salud, fueron parte de las inquietudes expuestas por el colectivo que no cesó de celebrarse por el sentido de unidad que levantó el controversial proyecto.

Tita Guerrero, quien antes de iniciarse en la comedia, trabajó ampliamente como bailarina, aprovechó la discusión pública para compartir también su rechazo al PC2170. La artista publicó un audio de la representante, donde expone por qué gestionó el proyecto.

Guerrero, por su parte, aclaró que el 30 de abril asistió a un reconocimiento a bailarines y coreógrafos por parte en el Capitolio, no obstante, desconocía de la intención de crear el proyecto y su objetivo. “No conocía del proyecto de ley PC 2170, no lo había leído en ese momento (y después de leerlo NO estoy de acuerdo con el). no se me consultó para su creación, no sabía de él y solo participé por la invitación que me extendieron”, señaló la comediante a través de sus redes sociales.

En medio de la presentación de argumentos, hubo una persona que repudió las acciones de violencia verbal que este proyecto levantó contra la coreógrafa Ortiz. Ese planteamiento de no a la violencia, también fue aplaudido por los presentes.